Asociación de Periodistas de Tarija

Periodista Lidia Campos recibe Premio Anual de Periodismo

Redacción central.-

El Premio Anual de Periodismo "Gastón Vaca Guzmán" fue otorgado en la víspera a la Periodista Lidia Campos Miranda, Secretaria de Hacienda de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia ANPB, quien recibió una Medalla de Oro. El acto fue desarrollado en el hall del Concejo Municipal de la ciudad de Tarija y la Provincia Cercado con presencia de sus primeras autoridades Cesar Mentasti, Presidente del Concejo Municipal, Daniel López Pantoja, Vicepresidente, Marcela Guerrero, Concejal Secretaria, y la concejal Rosa Mariscal.
El trabajo de investigación "La Fundación de Tarija en la historia", fue merecedor de tan meritorio premio de acuerdo a la Ordenanza Municipal 043/2023. La periodista Lidia Campos en la oportunidad resaltó la importancia de esta premiación establecida por el Concejo Municipal que promueve el ejercicio del periodismo especializado, la libertad de expresión y de pensamiento. Asimismo resaltó la normativa actual para el ejercicio del periodismo en Bolivia e instó a los periodistas a seguir defendiendo la libertad de expresión y promoviendo los derechos humanos, las libertades fundamentales y la democracia.

NUEVO DIRECTORIO DE LA ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE TARIJA GESTIÓN 2023 - 2025

Redacción central.-

En la víspera fue posesionada la nueva directiva de la Asociación de Periodistas de Tarija a la cabeza de Humberto Vargas, el directorio cumplirá sus funciones en la gestión 2023 - 2025.
Acompañan la terna Daniel Campos en la Vicepresidencia, Magalena Alarcón Guzmán como Secretaria General, Natalia Seas Yelma Secretaria de Actas, Jeimy Navarro Ávila Secretaria de Hacienda, Jesús Vargas Villena Secretario Académico, Yobana Knauth Secretaria de Género, Adriana Cortéz Secretaria de Relaciones Públicas y Silvia Carvajal Ortiz como Delegada al Comité Cívico.
La toma de juramento fue realizada por Lidia Campos Miranda Secretaria de Hacienda del Directorio Nacional ANPB y ex presidenta de la APT.
En el acto también se desarrolló un reconocimiento honorífico a los periodistas David Pumarino Lora, Roberto Rodríguez, Pablo Gonzales, y Juan Ramón Gonzales, destacando su encomiable labor periodística a lo largo de los años.
La Asociación de Periodistas de Tarija fue creada en la década de los 60, habiendo acogido en sus filas a reconocidos periodistas y escritores que aportaron no solo a la historia del periodismo en la región, sino a la democracia y la defensa de un estado de derecho que promueve la libertad de expresión y la justicia.

https://www.youtube.com/watch?v=lIutBQrEIqM

𝐂𝐑𝐈𝐒𝐈𝐒 𝐄𝐍 𝐄𝐋 𝐏𝐄𝐑𝐈𝐎𝐃𝐈𝐒𝐌𝐎 𝐁𝐎𝐋𝐈𝐕𝐈𝐀𝐍𝐎: 𝟖 𝐃𝐄 𝐂𝐀𝐃𝐀 𝟏𝟎 𝐏𝐄𝐑𝐈𝐎𝐃𝐈𝐒𝐓𝐀𝐒 𝐄𝐍 𝐈𝐍𝐒𝐄𝐆𝐔𝐑𝐈 La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Zulema Alanes, ha alzado la voz para denunciar la situación laboral "precaria y desesperan...

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https://www.datapolis.bo/2023/10/24/tres-premios-mostraran-lo-mejor-del-periodismo-en-bolivia/

Tres premios mostrarán lo mejor del periodismo en Bolivia - DATAPOLIS BOLIVIA Dos premios especializados en el ámbito económico y el tradicional premio nacional de periodismo mostrarán y galardonarán entre diciembre de año y enero de 2024 los mejores trabajos periodísticos en varias categorías lanzadas por los tres concursos y a periodistas de amplia trayectoria en el ...

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/teniente-de-la-policia-que-propino-una-feroz-golpiza-a-periodistas-es-imputado-por-la-fiscalia_341589

Teniente de la Policía que propinó una feroz golpiza a periodistas es imputado por la Fiscalía | El Deber El teniente Víctor Hugo Santelices es de la UTOP y fue trasladado desde Cochabamba a Santa Cruz cuando el jefe era el coronel Erick Holguín, hoy comandante en Santa Cruz. Debe presentarse a la justicia y pedirán su baja definitiva

DIÁLOGO CON PERIODISTAS SOCIALIZA PROYECTO QUE EJECUTA ACTUALMENTE LA RED AIPE

Redacción Central

Dando ejecución al Convenio interinstitucional firmado entre la Asociación de Periodistas de Tarija y la Asociación de Instituciones de Promoción y Educación AIPE, se desarrolló en la víspera un diálogo con periodistas que permitió socializar el proyecto y temas como la economía circular: aportes desde el accionar de las mujeres vivanderas en el ámbito de la gastronomía popular y derechos humanos e igualdad de oportunidades para las mujeres vivanderas en torno al proyecto.
En el acto inaugural estuvieron presentes el Vicepresidente del Concejo Municipal, Ing. Daniel López Pantoja, autoridad que brindó su apoyo y gestiones para la realización del evento, Jaime Gumiel, Director ejecutivo del ICCA, Carlos Mogro Farfán Presidente de la Red Departamental de Defensa de la Libertad de Expresión y Derechos Humanos, Rafael Laura Director de Cistem de la ciudad de La Paz, Daniel Campos T. Vicepresidente de la Asociación de Periodistas de Tarija, Celina Tavera especialista en la temática de género y Lidia Campos Secretaria de Hacienda de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia.
La actividad organizada por la Asociación de Instituciones de Promoción y Educación AIPE, el Instituto de Investigación y Capacitación Campesina de Tarija IICCA, la Red Departamental de Periodistas en Defensa de la Libertad de Expresión y Derechos Humanos y la Asociación de Periodistas de Tarija APT, generó expectativa y reflexión sobre los diversos temas que fueron abordados tomando en cuenta que la gastronomía popular es parte de la identidad y cultura en todas las ciudades de Bolivia.
El proyecto “Mujeres vivanderas de la seguridad alimentaria y nutricional, fortaleciendo la artesanía alimentaria y la comida popular callejera”, bajo la coordinación nacional de Mónica Alave Miranda, está generando un importante impacto en las beneficiarias en diferentes ciudades de Bolivia. Esta propuesta es implementada con el apoyo del Proyecto Diálogo y Apoyo Colaborativo DAC, una iniciativa de la Cooperación Suiza en Bolivia, en alianza con la Cooperación Sueca, ejecutada por Solidar Suiza.

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Gremios periodísticos de Bolivia rechazan el proyecto de Ley 305; enviarán una carta al vicepresidente Choquehuanca

“Hemos tomado la iniciativa, en primer lugar, de enviar una carta al señor Choquehuanca, como presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en la que le hacemos conocer nuestro rechazo en el intento de penalizar el periodismo y demandamos la eliminación del artículo que vulnera la ley de imprenta”, indicó hoy la presidenta de la ANPB, Zulema Alanes.

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), conjuntamente con la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB), se declararon en emergencia ante el tratamiento del proyecto de ley 305 “Ley de Cumplimiento de Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos”. Por ello, enviarán una carta al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, para que se tome en cuenta la petición de eliminar el artículo 281 de dicha norma.
“Hemos tomado la iniciativa, en primer lugar, de enviar una carta al señor David Choquehuanca, como presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en la que le hacemos conocer nuestro rechazo en el intento de penalizar el periodismo y demandamos la eliminación del artículo que vulnera la ley de imprenta”, indicó la presidenta de la ANPB, Zulema Alanes en una conferencia de prensa.

Alanes señaló que la carta está sustentada con argumentos jurídicos para que la ALP considere eliminar el artículo 281 de la Ley 305, que señala sanciones a periodistas que comentan algún delito discriminatorio o racial.
“Hemos sustentando jurídicamente y hemos manifestado que esta iniciativa constituye un grave atentado a la libertad de expresión, que es un fundamente esencial de la democracia. No solo afecta al periodismo, sino que afecta un derecho fundamental de la ciudadanía, como es la libertad de expresión”, manifestó la presidenta de la ANPB.

A su vez, el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Raúl Peñaranda, señaló que se está nuevamente frente un “intento del Gobierno de acallar las voces, es un nuevo intento de afectar al periodismo. Nuevamente hay p***s de cárcel para los periodistas por situaciones que afectan a toda la sociedad boliviana. La manera ambigua como está redactada la norma nos pone a todos en riesgo”.
La carta será entregada a David Choquehuanca
La misiva está firmada por la ANPB, la CSTPB y las nueve Asociaciones de periodistas exige que se elimine el párrafo III del artículo 281 del proyecto de Ley 305/2023 y que se excluya a las y “los periodistas de la figura penal de difusión e incitación al racismo o a la discriminación en el citado proyecto”, que según los gremios “suprime la garantía constitucional de los tribunales de imprenta”.

Dicha carta será enviada, además de Choquehuanca, al senador del MAS y presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez; a Jerges Mercado, presidente de Diputados; Paul Enrique Franco, presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional; Juan Lanchipa, Fiscal General; Iván Lima, ministro de Justicia; Gabriela Alcón, viceministra de Comunicación y a Pedro Callisaya, Defensor del Pueblo.
“La Ley 305 no es otra cosa que penalizar al periodismo”
En la Conferencia de Prensa también participó la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz que, en un comunicado, se declaró en emergencia y en una movilización permanente por el riesgo que conlleva la Ley 305 que, según sus ejecutivos, pretende acallar y penalizar la libertad de expresión.

“Anteriores gobiernos pretendieron imponer leyes mordaza a nombre de transparentar la información o suponer apoyar derechos políticos de turno, esta vez se pretende disfrazar el pisoteo a los derechos humanos, bajo el nombre de ‘compromisos internacionales’. Por todo ello, denunciamos a la población boliviana que la ley 305 no es otra cosa que penalizar el ejercicio profesional del periodismo, impedir la investigación y difusión de los hechos de corrupción ejercido por autoridades municipales, locales, departamentales y nacionales”, se lee en el comunicado.

La Carta:
La Paz, 10 de abril de 2023

Señor:
David Choquehuanca Céspedes
Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional Presente:
Ref: Rechazo al intento de penalizar el ejercicio del periodismo y demanda de eliminar artículo que vulnera la Ley de Imprenta
De nuestra consideración:
Hemos conocido del tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional del Proyecto de Ley 305/2023 “Ley de Cumplimiento de Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos” en cuyo Artículo 281 (Septies) señala que:
“I. Será sancionada con pena privativa de libertad de tres (3) a siete (7) años la persona que por cualquier medio:

Difunda ideas basadas en la superioridad racial;

Promueva y/o justifique el racismo toda forma de discriminación;

Pronuncie o difunda discursos de odio fundados en motivos ra***tas o discriminatorios;

Incite a la violencia o a la persecución de personas o grupos de personas por motivos ra***tas o discriminatorios;

La sanción será agravada en un tercio en el mínimo y una mitad en el máximo, e inhabilitación de uno (1) a tres (3) años, cuando el hecho sea cometido por una servidora o servidor público cualquiera sea su rango o jerarquía.

III. Cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno”.
En base a los argumentos que se detallan a continuación y al análisis jurídico adjunto, expresamos nuestro rechazo y protesta por lo que consideramos un nuevo intento por desconocer de manera flagrante lo establecido en la Constitución Política del Estado que, en su Artículo 107. II. establece claramente que:
“II. La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley”.
Como es de su conocimiento, el citado Art. 107 de la Constitución Política del Estado se refiere a la “Ley de Imprenta”, promulgada en 1925 y en plena vigencia, que establece claramente que los presuntos delitos cometidos por los periodistas en el ejercicio de sus funciones, serán procesados por Jurados de Imprenta, cuya composición, alcance y atribuciones están debidamente señaladas en la misma normativa.
Del mismo modo, las organizaciones de la prensa en Bolivia, hemos desarrollado e implementado las normas de ética señaladas por la CPE e incluso se han habilitado Tribunales de Ética que, en la actualidad, y contando con la legalidad y la legitimidad constitucional, investigan, procesan y sancionan las faltas que pudieran cometerse en el trabajo de la prensa. El periodismo boliviano también basa su ejercicio en el Principio VI de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que señala claramente que “La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados”.
Nos alarma, Señor Presidente, que una vez más se pretenda penalizar el trabajo de la prensa, aduciendo para ello el cumplimiento de acuerdos internacionales sobre derechos humanos, cuando en ningún tratado, convenio o acuerdo, se establece la criminalización de la actividad periodística como condición para el ejercicio y garantía de los derechos ciudadanos.
La propia CIDH, en el Informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión advierte que “la violencia contra periodistas puede generarse por medio del uso del derecho penal – principal poder coercitivo del Estado – para sancionar, reprimir, inhibir aquellas expresiones críticas a la actuación de autoridades estatales o sobre cuestiones de interés público. En particular, la amenaza o la imposición de una pena de encarcelamiento con fundamento en leyes de desacato y de difamación criminal puede resultar en un efecto silenciador que afecta no solamente a los y las comunicadoras, sino a toda la sociedad”.
Consideramos que el Proyecto de Ley 305/2023 pone en evidencia la intención de introducir, de manera dolosa, una figura que pretende limitar el trabajo de la prensa, sin mencionar en la Exposición de Motivos, una sola argumentación jurídica que justifique tal despropósito, limitándose a señalar que “se uniformiza la escala penal con los delitos de racismo y discriminación” (sic), demostrando una vez más el objetivo de desconocer lo que establece la Ley de Imprenta.
Para mayor detalle, el Proyecto de Ley 305/2023, curiosamente elimina de la Ley N°045 “Ley contra el Racismo y Toda forma de Discriminación, “los “motivos” en los casos de difusión, para tres delitos mencionados en el artículo 281 septies:

Difunda ideas basadas en la superioridad racial;

Promueva y/o justifique el racismo toda forma de discriminación;

Pronuncie o difunda discursos de odio fundados en motivos ra***tas o discriminatorios; Sólo en el caso del delito incluido en el inciso d) se incorpora el tema de los “motivos”.

En tanto, los siguientes “motivos” ya no aparecen en el Proyecto de Ley 305:
Artículo 281 bis.- (Racismo)

la persona que arbitrariamente e ilegalmente restrinja, anule, menoscabe o impida el ejercicio de derechos individuales o colectivos por motivos de raza, origen nacional o étnico, color, ascendencia, pertenencia a naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, o el pueblo afroboliviano, o uso de vestimenta o idioma propio, será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 7 años.

Entonces, al no haber “motivos” para cometer un supuesto delito, los periodistas quedamos aún más desprotegidos que en la Ley N°045, ya que un juez no necesitará demostrar un “motivo” al momento de realizar una acusación sobre una supuesta información ra***ta o discriminadora. Al quitarse aquello en el PL 305/2023, la posible defensa de un periodista se verá aún más menguada.
Por otra parte, el argumento de que la figura penal señalada en el PL 305/2023 ya se encuentra tipificada en el Código Penal por mandato de la mencionada Ley N°045 “Ley Contra el Racismo y toda forma de Discriminación” no procede y es una justificación engañosa debido a que esa norma contiene en sí misma una contradicción con la Constitución.
Al respecto, la propia Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, en 2011, ya cuestionó el Artículo 16 de la Ley N°045 en los siguientes términos:

(…) En efecto, el artículo 16 de la norma establece que los medios de comunicación que “autorizare[n] y publicare[n] ideas ra***tas y discriminatorias serán pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento, sujetos a reglamentación”. Por su parte, el artículo 23 de la Ley introduce modificaciones en el Código Penal según las cuales corresponde una pena de uno a cinco años a quienes “difundan” ideas ra***tas o discriminatorias. (…)

49… [E]l artículo 13.5 de la Convención Americana marca los límites de la prohibición de discursos ra***tas y discriminatorios. En efecto, para evitar el uso del derecho sancionatorio con el fin de silenciar ideas incómodas o simplemente ofensivas, se incluyó que fuera necesario que constituyeran “apología del odio” destinadas no simplemente a manifestar una idea, sino a incitar a la violencia. Con ello la Convención proscribió el llamado “delito de opinión”.

En virtud de esta disposición, el carácter ofensivo del discurso, por sí solo, no es razón suficiente para restringirlo. Al discurso que ofende por la intrínseca falsedad de los contenidos ra***tas y discriminatorios es necesario refutarlo, no silenciarlo: quienes promueven esas visiones necesitan ser persuadidos de su error en el debate público (…).

Desde este punto de vista, las disposiciones mencionadas de la Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación resultan de preocupación para la Relatoría Especial, razón por la cual la oficina solicitó información al Estado para obtener precisiones. En particular, los artículos 16 y 23 de la Ley podrían sancionar la mera difusión de mensajes de contenido ra***ta, sin exigir que esos discursos estén necesariamente vinculados a la “incitación a la violencia”, como exige el artículo 13.5 de la Convención Americana y sin cumplir los requisitos mencionados en los párrafos anteriores sobre la ponderación y proporcionalidad de las sanciones, entre otros.

El intento de consolidar la penalización del trabajo de la prensa a través de la eliminación de los Tribunales de Imprenta y de los Códigos de Ética como medios para garantizar la aplicación de los principios de veracidad y responsabilidad en el ejercicio periodístico, busca establecer un sistema de censura y autocensura que limite el derecho a la libertad de expresión y de prensa, por miedo a ser penados por ello. Esta intención no
solo atenta contra los derechos constitucionales de la prensa, sino que además violenta los principios elementales de la democracia.
Pero además, la tentativa de criminalizar nuestro trabajo a través de este tipo de normas, tiene su correlato en la intención de que sean tribunales ordinarios los que tramiten las denuncias por supuestos delitos de racismo y discriminación contra los trabajadores de la prensa, dejándonos en la completa indefensión y a merced de operadores de justicia, fuertemente cuestionados por su falta de independencia e idoneidad, extremo que ha sido demostrado y denunciado por estudios e investigaciones nacionales e internacionales.
Por lo expuesto y luego de un profundo análisis, las organizaciones representativas de la prensa nacional demandamos firmemente que se elimine el párrafo III del Artículo 281 del Proyecto de Ley 305/2023 y que se excluya a las y los periodistas de la figura penal de difusión e incitación al racismo o a la discriminación en el citado Proyecto, debido a que suprime la garantía constitucional de los tribunales de imprenta.
Nos declaramos en estado de emergencia hasta que se atienda favorablemente la petición señalada, advirtiendo que no podemos permitir que se continúen vulnerando los derechos que nos asisten, con normas que pretenden destruir las bases elementales que garantizan el ejercicio de nuestra labor.
Atentamente,
Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia
Asociación de Periodistas de Chuquisaca Asociación de Periodistas de La Paz Asociación de Periodistas de Santa Cruz Asociación de Periodistas de Cochabamba Asociación de Periodistas de Oruro Asociación de Periodistas de Pando Asociación de Periodistas de Potosí Asociación de Periodistas de Tarija Asociación de Periodistas de Beni
CC:
Andrónico Rodríguez Ledezma Presidente de la Cámara de Senadores
Jerges Mercado Suárez
Presidente de la Cámara de Diputados
Paul Enrique Franco Zamora
Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional
Juan Lanchipa Ponce Fiscal General del Estado
Iván Lima Magne Ministro de Justicia
Gabriela Alcón Merubia Viceministra de Comunicación
Pedro Callisaya Aro Defensor del Pueblo

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