Despacho Rivero Derecho Administrativo

Vía INAP:

LOS AYUNTAMIENTOS NO PUEDEN EMBARGAR CUENTAS BANCARIAS DE SUCURSALES SITUADAS FUERA DE SU TÉRMINO MUNICIPAL

Una sentencia del Tribunal Supremo de 22 de enero de 2024 prohíbe a los Ayuntamientos embargar directamente cuentas en sucursales de entidades situadas fuera de su término municipal.

"La administración municipal no puede practicar y dictar diligencia de embargo de dinero en cuentas abiertas en sucursales de entidades financieras radicadas fuera del término municipal del ayuntamiento embargante, incluso cuando dicho embargo no requiera la realización material de actuaciones fuera del citado territorio municipal por parte de la administración local, siendo necesario, en estos casos instar, conforme al artículo 8.3 del TRLHL, la práctica de dicha actuación a los órganos competentes de la correspondiente comunidad autónoma o a los órganos competentes del Estado, según corresponda".

Conviene recordar para estos casos que los actos dictados por un órgano manifiestamente incompetente por razón del territorio son nulos de pleno derecho.

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El artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa regula una figura propia de esta jurisdicción cuyo contenido y significado no siempre es suficientemente conocido: el emplazamiento a los posibles interesados en el recurso. Una cuestión cuya omisión puede dar lugar a la nulidad de todo el procedimiento.
La resolución por la que se acuerde remitir el expediente se debe notificar en los cinco días siguientes a cuantos aparezcan como interesados en él, emplazándoles para que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve días. La notificación se debe practicar con arreglo a lo dispuesto en la Ley de procedimiento administrativo común. Esta responsabilidad incumbe a la administración demandada, debiendo determinar esa condición de interesados y, en la duda, citar personalmente a todos los posibles afectados. Sin perjuicio de publicar también el emplazamiento en el boletín oficial correspondiente.
En los recursos contra las decisiones adoptadas por los órganos administrativos a los que corresponde resolver los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contratación se debe emplazar como parte demandada a las personas que hubieren comparecido en el recurso administrativo. Se trata de una regla específica en este tipo de procedimientos.
Hechas las notificaciones se debe enviar el expediente al Juzgado o Tribunal, incorporando la justificación del emplazamiento o emplazamientos efectuados, salvo que no hubieran podido practicarse dentro del plazo fijado para la remisión del expediente.
En éste caso el expediente se debe enviar sin demora, remitiendo más adelante la justificación de los emplazamientos.
Recibido el expediente, el letrado o letrada de la Administración de Justicia, a la vista del resultado de las actuaciones administrativas y del contenido del escrito de interposición y documentos anejos, debe comprobar que se han efectuado las debidas notificaciones para emplazamiento y, si advirtiere que son incompletas, ordenará a la Administración que se practiquen las necesarias para asegurar la defensa de los interesados que sean identificables.
En estos casos es aconsejable que la parte lo compruebe también y ponga de manifiesto en su caso cualquier omisión a fin de evitar una futura nulidad de actuaciones.
Cuando no hubiera sido posible emplazar a algún interesado en el domicilio que conste, el letrado o letrada de la Administración de Justicia mandará insertar el correspondiente edicto en el Tablón Edictal Judicial Único. Los emplazados por edictos podrán personarse hasta el momento en que hubiere de dárseles traslado para contestar a la demanda. Este apartado de la norma da una referencia de momento "límite" para la personación de terceros en el contencioso. Una vez contestada la demanda no se debería permitir ninguna personación, a no ser que se haya omitido el emplazamiento preceptivo.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, sección 5ª de 27 de julio de 2022.

Aplicación de la rehabilitación del plazo tras la declaración de su caducidad conforme al artículo 128 de la LJCA a la presentación de la demanda conforme al artículo 78 .1 de la misma Ley, tras la presentación inicial de un sencillo escrito de interposición y el vencimiento del plazo de 10 días concedido para su subsanación. La Sala considera que procede admitir la demanda presentada el mismo día de la notificación de la caducidad, y seguir adelante con el recurso.

Confirma el criterio fijado en la sentencia de la sección 4ª de 25 de octubre de 2021, conforme a la cual una vez interpuesto el recurso en plazo la doctrina conforme a la cual no cabe rehabilitar el plazo para subsanar sus defectos no es de aplicación a la presentación de la demanda, la cual en el procedimiento abreviado si bien debe de ser simultánea es no obstante independiente de dicha interposición.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, sección 3ª de 19 de septiembre de 2022.

Los movimientos de ganado entre fincas o explotaciones del mismo titular deben cumplir con las obligaciones de comunicación a la autoridad competente so pena de incurrir en pérdida de las ayudas asociadas a los animales transportados.

La Sala confirma su criterio fijado en sentencias anteriores conforme al cual "... el término "explotación", a los efectos de comunicar todo movimiento o traslado del ganado desde y hacia la misma, es un concepto físico referido al establecimiento o la instalación en la que se tenga, críe o cuide el ganado, por lo que cada una de esas instalaciones ubicadas en lugares distintos debe considerarse una explotación diferente aunque todas ellas pertenezcan al mismo titular y se gestionen de forma conjunta".

Imagen tomada de agro.iberf.es

JURISPRUDENCIA - ERROR JUDICIAL

Sentencia del Tribunal Supremo - sala 1ª de 31 de enero de 2022: entre otras cuestiones, declara que la forma de la resolución a la cual se imputa el error no es determinante del mismo, recordando que "el hecho de que la resolución originariamente impugnada sea una providencia, no es obstáculo para la admisión del recurso de casación, si es que tal resolución debió revestir la forma de auto, pues de lo contrario dependería la procedencia o no del recurso de casación de la forma de la resolución elegida por la Sala de instancia, aunque fuera equivocada, lo que sería jurídicamente inaceptable". Indicando además que el agotamiento de las vías previas exige intentar la casación frente a la providencia y recurrir en súplica su inadmisión.

JURISPRUDENCIA - SUBVENCIONES

Sentencia del Tribunal Supremo - sala 3ª de 9 de mayo de 2022: "El artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, debe ser interpretado en el sentido de que la aprobación de un Plan Estratégico de Subvenciones, con carácter previo al establecimiento de cualquier subvención, constituye un requisito esencial del procedimiento subvencional, de modo que el incumplimiento de esa obligación, por parte de la Administración pública o Ente público convocante de las ayudas públicas, determina la nulidad de la Orden de convocatoria de la subvención."

La Sala añade que la causa de invalidez puede ser puesta de manifiesto mediante el planteamiento indirecto de la correspondiente cuestión de ilegalidad, tras la impugnación directa de la orden de convocatoria. Y que la sentencia impugnada incurrió en error de derecho, al no apreciar que el Plan Estratégico de Subvenciones constituye un instrumento de planificación de políticas públicas que tengan como objetivo el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública, cuya aprobación, con carácter previo a la regulación de la subvención, resulta exigible, y se configura como un requisito esencial del procedimiento subvencional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 38/2003 y el artículo 10 del Real Decreto 887/2006.

JURISPRUDENCIA - CONTRATACIÓN PÚBLICA

Sentencia del Tribunal Supremo - sala 3ª de 4 de mayo de 2022: "la infracción del deber de confidencialidad en las propuestas de los licitadores en la contratación pública debe efectuarse con atención al principio de proporcionalidad, esto es, atendiendo a la relevancia de la infracción y a sus efectos desde la perspectiva de la finalidad de la norma".

Cuestionado si la mera constatación de tal infracción debe determinar la exclusión automática de la empresa licitadora-adjudicataria o bien debe ponderarse la relevancia de la infracción y su posible incidencia en la adjudicación, la Sala sin embargo considera que, frente a la aplicación mecánica de la causa de exclusión, la valoración efectuada tanto por el órgano de contratación como por el tribunal administrativo debía ajustarse, si bien sí se ajustó en el caso concreto, al principio de proporcionalidad.

Eficacia de los actos administrativos producidos, no dictados, por el silencio.

El régimen legal del silencio administrativo en las licencias urbanísticas. Especial referencia a los efectos del silencio positivo Los problemas prácticos que viene suscitando la institución del silencio administrativo en relación con las licencias urbanísticas derivan fundamentalmente del efecto que su aplicación ejerce sobre el principio de seguridad jurídica; y, en tiempo más recientes, sobre el principio de buena adm...

A lo largo de 2021, el Gobierno aprobó tres: el PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), cuya autorización europea se produjo el pasado 9 de diciembre y ya se publicó su regulación básica para lazar las convocatorias; el PERTE salud de Vanguardia, en el que ya se han resuelto 5 convocatorias por un importe superior a 69,5 millones de euros; y el PERTE ERHA de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento, que tras su aprobación por el Consejo de Ministros el 14 de diciembre, ya ha lanzado 4 convocatorias de ayudas para el impulso de la cadena de valor del hidrógeno renovable, proyectos pioneros de hidrógeno renovable, proyectos piloto de comunidades energéticas y proyectos de I+D en almacenamiento energético.

Están en marcha los trabajos para la aprobación de otros cuatro ya anunciados: el PERTE en Español y la Nueva Economía de la lengua, el PERTE de la Cadena Agroalimentaria y Sostenible; el PERTE del Sector Aeroespacial y el PERTE de la Economía Social y de los Cuidados.

https://elderecho.com/el-gobierno-acuerda-con-los-agentes-sociales-impulsar-un-plan-de-formacion-y-recualificacion-de-trabajadores

Abierta la solicitud de ayudas del PERTE del vehículo eléctrico y conectado por 2.975 millones de euros - Ibercampus.es Este miércoles 29 de diciembre entran en vigor las bases a aplicar en las solicitudes de ayudas por un valor de 2.975 millones de euros a la parte industrial del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE_VEC). Es el primero ...

https://www.uemc.es/titulos_propios/master-en-gestion-de-la-responsabilidad-social-y-la-sostenibilidad-en-la-empresa

"La información que se facilite deberá ser clara, sucinta y de fácil comprensión para la ciudadanía."

Oficinas de asistencia en materia de registros Decreto 13/2021, de 20 de mayo, por el que se regulan las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (BOCYL de 24 de mayo de 2021). Texto completo.

La sentencia se remite a la abundante jurisprudencia, recopilada por la STS 25 de octubre de 2016 (rcud. 1884/2015) conforme a la cual la Constitución establece un modelo bipolar - funcionarios y trabajadores laborales- del personal al servicio de las Administraciones Públicas, que siempre ha permitido algunas excepciones de contratos administrativos de prestación de servicios personales, pero que como tales excepciones no sólo deben ser interpretadas restrictivamente, sino que siempre se han autorizado sobre la base de alguna razón justificadora, porque "... desde el punto de vista material, la prestación de servicios profesionales en régimen de ajenidad y dependencia es de naturaleza jurídico-laboral y solamente es posible calificarla como contrato administrativo porque una ley expresamente permita esa exclusión que, por ello mismo, tiene naturaleza constitutiva y no meramente declarativa.... " ( SSTS 21/07/11 -rcud 2883/10-;... 27/04/15 -rcud 1237/14-; 23/06/15 -rcud 2360/14-; 22/09/15 - rcud 2229/14-; y 13/05/16 -rcud 2228/14-). Y que la delimitación del ámbito laboral y el administrativo se mueve en zonas muy imprecisas, ante la idéntica alineación de las facultades para el trabajo, lo que llevó al legislador laboral, - art. 3.a) ET- y a la doctrina jurisprudencial a señalar como criterio diferenciador "el ámbito normativo regulador, y no la naturaleza del servicio prestado, en forma tal que ese bloque normativo al que voluntariamente se acogen las partes es el que destruye -o confirma, añadimos ahora- la presunción de laboralidad establecida en el art. 8.1, lo que significa la necesidad de que el contrato incorpore expresamente esa remisión excluyente del orden social" ( SSTS SG 02/02/98 -rcud 575/1997-; SG24/09/98 -rec. 3311/1997-;... 17/09/04 rcud 4178/03-;... 13/07/10 -rcud 3142/09-; 16/12/13 -rcud 3265/12-; 27/04/15 - rcud 1237/14-; y 23/06/15 -rcud 2360/14-)."

Existe relación laboral entre los técnicos que prestan servicios para un Ayuntamiento, al amparo de un convenio de colaboración suscrito con diversos Colegios Profesionales, cuando concurren los requisitos legales Se discute en el presente pleito la naturaleza de la relación mantenida entre el Ayuntamiento de Llanera de Ranes y varios técnicos, amparada en convenio de colaboración suscrito por la Diputación Provincial de Valencia con diversos Colegios Profesionales.

Comentario y contenido de la sentencia que estima parcialmente el Recurso de Inconstitucionalidad del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón contra la Ley de Contratos del sector público.

El Pleno del TC por unanimidad estima parcialmente el Recurso de Inconstitucionalidad del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón contra la Ley de Contratos del sector público El Pleno del Tribunal, por unanimidad, ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón contra diversos preceptos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento...

UNA GUÍA JURÍDICA COMPLETA SOBRE
EL MANEJO DE LOS FONDOS EUROPEOS
DE RECUPERACIÓN EN ESPAÑA PARA ADMINISTRACIONES Y EMPRESAS

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rdl36-2020 La publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto-Ley 36/2020 activa una serie de pasos para la ejecución del Instrumento Europeo de Recuperación (Next Generation EU). El sector público español, junto a la iniciativa privada, tiene la oportunidad de gestionar 140.000 millones de...

Un interesante trabajo del Profesor Ricardo Rivero Ortega.

Rastreadores y radar Covid: obligaciones de colaborar y garantías La vigilancia epidemiológica y el rastreo de casos son imprescindibles para controlar la crisis COVID-19. Las personas que deben realizar estas tareas, el deber de colaborar con ellas, las garantías que deben ser respetadas y el uso de aplicaciones de teléfonos móviles son cuestiones legales a d...