Judith Mendoza

LA INFLACIÓN ES UN EFECTO DE LA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL

Por: Aquiles Córdova Morán

Tal vez todos estemos enterados de que el mundo entero padece una ola inflacionaria, es decir, una elevación generalizada de los precios de bienes y servicios que se compran y se venden en los mercados nacionales y en el mercado mundial. Se trata, dicen los entendidos, de una crisis universal de los precios como no se veía hace mucho tiempo.

Esta ola inflacionaria, como no podía ser menos, también nos está pegando a los mexicanos, aunque, desde luego, no a todos por igual. Forbes publicó hace poco la lista de las fortunas más grandes del mundo, entre las cuales hay muchos mexicanos cuya riqueza se incrementó durante la pandemia (y, en algunos casos, incluso más aceleradamente que en tiempos normales), mientras que los trabajadores formales e informales, los de empleo temporal y los que padecen desempleo abierto ven cómo sus ingresos se encogen, pierden valor y compran menos cada día.

Con el fin de ayudar a quienes más sufren los efectos de la inflación, el presidente López Obrador dio a conocer, el 4 de mayo de este año, el llamado Paquete de Acciones Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), integrado por una serie de medidas que entró en vigor de inmediato y cuyo objeto, dijo el Presidente, es mantener estables los precios de 24 productos básicos, los de mayor demanda entre las clases populares; se trata de productos alimenticios como arroz, sopa de pasta, aceite, frijol, pollo, leche, carne de cerdo y de res, frutas y verduras. El PACIC también incluye medidas contra la inflación en general, entre las cuales destacan los subsidios al precio de la gasolina, el gas y electricidad; incentivos al cultivo de maíz y frijol para el autoconsumo, y la eliminación de aranceles a la importación de alimentos de gran demanda como trigo, papa, zanahoria y otros.

Desde su publicación, el plan antiinflacionario del Presidente despertó dudas sobre su eficacia, aunque por razones diferentes: por un lado, hay quienes lo critican por su falta de fundamentación económica y el consiguiente carácter errado de las medidas de contención que propone; por otro, hay quienes aseguran que es ingenuo creer que los grandes empresarios y comerciantes aceptarán reducir sus utilidades a favor del bienestar de los trabajadores.
Por ejemplo, Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), divide el contenido del PACIC en dos clases de medidas: las que considera medidas recicladas de programas ya existentes y las que cree que debieran formar parte de nuestra vida cotidiana, tal como ocurre en cualquier Estado de derecho.

Entre las recicladas, menciona el mantenimiento de los subsidios a los precios de la gasolina, el gas y la electricidad, apoyos que costarán al erario 330 mil millones de pesos, una cantidad enorme de dinero que podría aplicarse de manera más productiva. “Mantener el precio de los combustibles bajo, sin duda, puede ayudar a contener la inflación, al ser estos de los principales insumos en cualquier proceso productivo, además de sus implicaciones evidentes en el costo del transporte. Pero esos estímulos cuestan y merman las finanzas públicas, además de ser profundamente regresivos” (página web del IMCO, 6 de mayo de 2022). Por mi parte, creo que el error es mucho más grave, porque el problema no es “contener” la inflación, sino erradicarla, acabar con ella de raíz, y los subsidios a los combustibles jamás podrán lograr eso. Son un paliativo caro, pero no una medida de fondo para resolver el problema. Se trata, además, de medidas forzosamente temporales, imposibles de mantenerse permanentemente, por lo que no sustituyen a las medidas curativas correctas.

Otras medidas recicladas, según Moy, son la continuación (y reforzamiento, quizá) de Sembrando Vida y Producción para el Bienestar, que tampoco atacan de raíz la inflación y que, en cambio, provocarán significativas distorsiones en el mercado. Relacionado con éstas, el Presidente ofreció ampliar el programa de entrega de fertilizantes a más estados del país, cuando sabemos que ese producto está escaseando en el mundo entero, debido a las sanciones impuestas a Rusia, y cuando es un hecho que la producción nacional es prácticamente inexistente. A esto se añade otra medida reciclada desaconsejable en un entorno inflacionario: se trata de los precios de garantía, que aseguran a los productores un precio mayor para sus productos que el que reina en el mercado. Eso obliga a los comerciantes libres a ofrecer un precio igual o mayor al de garantía, es decir, que esta política proteccionista presiona los precios al alza, al revés de lo que se necesita en un periodo de inflación.

Entre todas las medidas del PACIC, Moy considera como la más interesante la eliminación de aranceles a algunos de los 24 productos de la canasta básica, como papa, zanahoria, atún, trigo, maíz, limón, arroz, manzana, frijol y tomate. Tal medida puede resultar eficaz, dice, para bajar el precio de estos productos específicos, mas no para contener la inflación en general; aunado a ello, deja desprotegidos a los productores nacionales, que no pueden competir con el precio del producto extranjero. Además, es una medida que durará seis meses solamente. “¿Qué pasará al terminar este plazo? ¿Se regresará a los aranceles previos? ¿Se trabajará en un plan gradual de disminución arancelaria? ¿Se compensará a los productores por la pérdida de esta protección? Sobre eso, aún no sabemos nada”, dice Valeria Moy (página web citada).

En resumen, Moy señala que las medidas recicladas, es decir, las que vienen funcionando de tiempo atrás, han demostrado ya su ineficacia contra la inflación, puesto que no lograron impedir su surgimiento; que otras son igualmente ineficaces, pero riesgosas por las distorsiones que producen en el mercado; otras van en sentido contrario al combate a los precios altos, y, aunque una medida puede reducirlos, daña a los productores nacionales y será difícil revertirla al término de su operación. Es una manera seria y razonada de prever el fracaso del PACIC.

Una buena síntesis de las opiniones que ven el fracaso del programa en la imposibilidad de que las empresas y las grandes cadenas comerciales cumplan su palabra de renunciar a una parte de sus utilidades para mantener los precios de los productos de la canasta básica, es la opinión del Banco de México que, sin tomar partido anticipado respecto al éxito o fracaso del PACIC, ha dicho que cree que puede ser una buena medida de contención del alza de precios si el Presidente logra que se aplique correctamente y se cumpla con toda puntualidad. Queda implícito que, en caso contrario, el plan fracasará, como pronostican algunos.

Veamos, entonces, qué pasa en la realidad. Según la fecha de su publicación, el PACIC lleva ya más de un mes funcionando, y mucha gente se pregunta si ha habido o no resultados positivos. En una revisión rápida de los medios, he encontrado que casi todos coinciden con que la mayoría de los 24 productos enlistados por el Presidente, lejos de haberse mantenido estable, ha subido de precio. Unos pocos son los que han bajado, pero los comerciantes aseguran que se trata de una baja estacional, es decir, que se debe a que estamos en la temporada de mayor producción, y no como consecuencia del PACIC. La mayoría de informadores reporta alzas en los precios de alimentos tan básicos como arroz, leche, huevo, pollo, chuleta de puerco, aguacate, bistec de res, jitomate, chile serrano y chile verde en general, azúcar y sal, por mencionar los más importantes.

Viejos y experimentados vendedores de la Central de Abastos relatan significativos cambios en la conducta de sus clientes, que delatan el poco dinero con que cuentan y el penoso esfuerzo que hacen por ahorrar y estirar el gasto. Por ejemplo, hay una renuncia generalizada a adquirir productos empaquetados por kilo o más y de marca conocida; los consumidores optan por comprar a granel o por pieza, aunque corran el riesgo de obtener productos de mala calidad. Huevo, aguacate, jitomate, fruta, limón o cebolla por pieza, ya no por kilo o por reja; ya no compran arroz, frijol, pasta para sopa o azúcar en paquetes con sello de marca, adquieren cantidades menores a granel. Lo mismo ocurre con productos no alimenticios, como los de limpieza del hogar, garrafones de agua y productos para el aseo personal como afeites, cremas, lociones y perfumes.

Los comerciantes de tales productos se quejan de que todo esto se traduce en menores ventas que, además, deben ofrecer a precios fijos, lo cual reduce sus ganancias, que nunca fueron muy grandes. Algunos aseguran: “Abrimos el negocio por costumbre o por deber de trabajar, pero la verdad es que hay días en que nos vamos en blanco, es decir, con cero ganancias”. Los clientes, por su parte, señalan que los precios más altos son los de las cadenas de autoservicio y los de grandes negocios en los centros urbanos, esto es, justamente aquellos que, según el Presidente, se comprometieron de muy buena voluntad a mantener precios fijos.

A la vista de estos hechos, la opinión más difundida es que el PACIC es un fracaso rotundo, uno más de los inventos distractores de la Cuarta Transformación. Sin embargo, algunos especialistas dicen que las medidas del Paquete son de aquellas cuyos resultados sólo empezarán a verse en un año o más, por lo que hacer ahora un juicio definitivo es prematuro e inexacto. Pero hay también quienes afirman que estamos ante un fracaso inevitable, en virtud de que el plan fue elaborado sin base científica y sin un conocimiento a fondo de la naturaleza de la inflación actual; creen que se trata de una maniobra mediática de corte electorero con vistas a la lucha por la presidencia de la República en 2024.

Yo soy de los que piensan que el PACIC es un fracaso rotundo por una razón evidente: ni el Presidente ni quienes lo asesoran en estas materias han dado muestras de estar conscientes del carácter excepcional, muy complejo y difícil de explicar, de la inflación mundial actual, al grado de que tiene desconcertada a la flor y nata de los economistas del capital global, al Foro Económico de Davos, dirigido por el filonazi Klaus Schwab. Ellos y todos los expertos en la globalización neoliberal han sostenido, al menos desde la década de 1980, que la inflación es un fenómeno puramente monetario y que, cuando se presenta, es consecuencia siempre de un descontrolado exceso de circulante en la economía que provoca una demanda excesiva de bienes y servicios, demanda excesiva que los productores no pueden satisfacer y a la que responden elevando los precios de sus productos. El remedio clásico es elevar la llamada tasa de interés referencial, responsabilidad del Banco Central de cada país, con objeto de retirar dinero de la circulación. Esto provoca el empobrecimiento de los consumidores, que disminuyen su demanda y, por tanto, los precios, aunque también provoca un menor crecimiento de la economía.

Pero sucede que hoy no se dan los supuestos de la teoría neoliberal: no hay una acelerada expansión económica, ni un exceso de la demanda, sino una crisis de bajo crecimiento del PIB mundial y una desigualdad y empobrecimiento crecientes de las grandes masas, que reducen su capacidad de compra y de consumo. Y, sin embargo, la demanda supera a la oferta de productos. La receta clásica de elevar las tasas de interés, entonces, agravará el problema en vez de curarlo, al acelerar la contracción económica y, con ello, la escasez de la oferta. Los precios subirán más en vez de bajar.

Lo que sucede en realidad es que la pandemia y la inseguridad mundial, provocada por la política guerrerista y rapaz de Estados Unidos, han puesto al descubierto que la inflación no es un fenómeno monetario, sino estructural, inherente al hambre de ganancia del capital, que se traduce en una lucha permanente entre la utilidad de las empresas y el salario de los trabajadores. La pandemia y la amenaza de guerra nuclear han desorganizado el mercado de insumos y de materias primas para los grandes monopolios, lo cual ha elevado sus costos de producción y disminuido sus utilidades. Para defenderlas, en virtud de que los salarios ya están bastante deprimidos, no les queda otro recurso que echar mano de su poder monopólico de imposición de los precios a escala planetaria ralentizando la producción, es decir, generando una escasez artificial y, por tanto, una elevación de los precios.

Así, la inflación actual es una manifestación clara del agotamiento irreversible de la globalización neoliberal, algo que no pueden curar las viejas recetas de esa misma globalización neoliberal. La única solución posible es la lucha mundial de los obreros por mayores salarios y mejores niveles de vida; una lucha no contra los patrones, sino contra el capital. Es eso, justamente, lo que no ve el PACIC de López Obrador, de ahí que esté condenado al fracaso, eso sí, en perjuicio de las clases pobres del país. Los obreros mexicanos necesitan saber que llegó la hora de recordar y poner en práctica la consigna lanzada por Marx y Engels en su tiempo: “¡Proletarios de todos los países, uníos!”. Antorcha los llama a eso.

* Texto de uno de los pronunciamientos
que realiza el Ing. Aquiles Córdova Morán, los días jueves, vía redes sociales.

PRESUPUESTO 2023: LA VERDADERA POBREZA FRANCISCANA


Por: Aquiles Córdova Morán

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2023 entregado por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre, propone un gasto total de 8.3 billones de pesos, mayor en 11.6% al de 2022. Según Bloomberg Línea del 9 de septiembre, el 51% de este gran total irá a solo cuatro rubros: el costo financiero de la deuda pública, las pensiones y jubilaciones, las participaciones a los estados (gasto programable) y los programas prioritarios del presidente (gasto no programable), incluidas desde luego las obras emblemáticas de su Gobierno (Refinería de Dos Bocas, Tren Maya y Aeropuerto Felipe Ángeles, AIFA).

Al servicio de la deuda se destina un billón 079 millones de pesos (todas las cantidades están dadas en términos reales), 29.9% más que lo destinado en este 2022. El medio citado aclara que el incremento sustancial en el servicio de la deuda no se debe a un mayor endeudamiento sino al alza acelerada de las tasas de interés de los principales Bancos Centrales del mundo con objeto de contener la inflación. A las pensiones y jubilaciones se destina 1 billón 333 mil millones de pesos, 8.4% más que en este año; las participaciones de los estados ascienden a 2 billones 432 mil millones de pesos, 9.9% más que en 2022 y, finalmente, los programas prioritarios consumirán 600 mil 321 millones de pesos, prácticamente 100% más que los 331 mil 977 millones de pesos de este año.

Como se ve, los programas prioritarios del presidente (16 en total) constituyen el rubro menor entre los cuatro grandes que se mencionaron, pero, a cambio de eso, registran el incremento mayor. También se ve fácilmente que, descontados estos cuatro rubros, queda solo el 49% del total para atender otras necesidades básicas como el desarrollo del país y el bienestar de la gente, tales como la inversión en infraestructura productiva (caminos, carreteras, autopistas, puentes, puertos y aeropuertos, así como el mantenimiento de la infraestructura ya existente), electricidad, vivienda, agua potable, educación, salud y seguridad pública, entre las más destacables. ¿Cómo se explica este explosivo crecimiento del presupuesto para los programas prioritarios del presidente?

Aunque el incremento del presupuesto es notablemente grande, si se mira con cuidado la distribución que propone Hacienda, resulta que el traje confeccionado por Hacienda le queda muy ajustado al país, tanto que bastará con que alguno de los supuestos económicos en que se sustenta no se cumpla, para que sus costuras revienten y haya necesidad de instrumentar recortes al gasto que, seguramente, irán en contra del bienestar de los estratos de menores ingresos.

Según el conocido economista Enrique Quintana, director del diario EL FINANCIERO, estos son los supuestos del paquete económico que, a su juicio, resultan “muy optimistas”: 1) El crecimiento de la economía, que estima en 2.4% al cierre de este año y del 3% para 2023, mientras que la opinión de los expertos consultada por Citibanamex, espera el 1.9% para el cierre de 2022 y 1.4% para 2023. 2) El índice inflacionario. Estima que este año cerrará en 7.7%, y en 2023 en 3.2%; en contraste, los expertos esperan 8.2% para el cierre de este año y 4.5% para el año próximo. 3) El tipo de cambio. Supone que el año que viene cerrará en 20.60 pesos por dólar, mientras que los expertos predicen 21.50 pesos. 4) Tasas de interés. Calcula que en 2023 serán del 8.5%, cuando los especialistas pronostican un 9.38%. 5) Crecimiento de los Ingresos del Gobierno. Estima que estos ingresos crecerán 7.4%, y que los ingresos tributarios en particular crecerán un 9.9%. Este porcentaje se calcula suponiendo que el año que entra ya no hará falta subsidiar las gasolinas, lo que liberará 361 mil millones de pesos. 6) El nuevo PEF calcula como gasto programable, o sea, lo que el gobierno puede asignar “libremente”, 5.9 billones de pesos, es decir, apenas un modesto 0.6% más que en 2022. En cambio, el incremento del gasto no programable sería de 10.5%. Hasta aquí lo que he copiado, casi literalmente, de don Enrique Quintana.

Es posible ver en estos datos que el gasto programable, en el cual quedan incluidos tanto la inversión en infraestructura productiva como los servicios fundamentales para el bienestar de la población, apenas alcanzó un modestísimo incremento del 0.6% en el PEF-2023, lo que obliga a pensar que no habrá una mejora sustancial en tales rubros en 2023. En el mejor de los casos, todo seguirá igual que hoy; en el peor, el deterioro será mayor. Debemos hacer notar que es aquí, en el gasto programable, donde entran también los programas prioritarios del presidente que, como vimos, tuvieron un incremento de casi el 100%, mucho mayor que el recibido por los otros tres grandes gastos que mencionamos al principio, que son rubros que forman parte del gasto no programable, es decir, gastos que el Gobierno tiene que realizar por fuerza.

Poco más arriba preguntábamos cómo se explica la notoria preferencia del PEF-2023 hacia los programas prioritarios del presidente. Para muchos, la explicación radica, al menos en parte, en que los programas sociales del presidente no se proponen acabar con la pobreza y la desigualdad, como él repite incansablemente, sino que buscan comprar conciencias y votos de los más necesitados para asegurar la permanencia de Morena en el poder. Así lo sugieren fuertemente el reparto selectivo de las tarjetas del bienestar y la abierta filiación partidista de quienes operan los programas, y así lo demuestran irrefutablemente la manipulación y las amenazas de quitar el beneficio a quienes se nieguen a acudir a las urnas y sufragar a favor de candidatos y propuestas de Morena. El año entrante es año electoral, y es eso lo que refleja y explica el desmesurado incremento del presupuesto destinado a esos programas electoreros.

Por otro lado, hablando de las fricciones del actual secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, con el presidente López Obrador, el columnista de EL UNIVERSAL, Mario Maldonado, escribió: “Más recientemente, Ramírez de la O volvió a tener fricciones. A la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, se le fue al cielo el costo de la refinería de Dos Bocas, calculó que costaría 7 mil millones de dólares y va en 20 mil millones, en medio de la opacidad y presuntos actos de corrupción que estarían beneficiando a la familia y allegados de Nahle. Lo mismo pasa con el presupuesto del Tren Maya, el cual se ha disparado 70% y se prevé que siga aumentando; se fue de los 11.8 mil millones de dólares a los 20 mil millones” (EL UNIVERSAL, 5 de septiembre). Esta es la otra parte de la explicación del exagerado incremento del presupuesto para los programas prioritarios del presidente, mientras se descobijan las necesidades de la población más vulnerable.

El mayor peligro del PEF-2023, sin embargo, es lo endeble de los supuestos en que se funda. Por ejemplo, la muy conocida y autorizada economista Viri Ríos dice al respecto: “Ramírez estima que habrá ingresos 8.2% más grandes que en 2022, algo que parece sacado de un libro de ciencia ficción. La sobreestimación de los ingresos no es nueva, pero con Ramírez ha alcanzado nuevos vuelos”. Según la misma economista, el crecimiento del 3% de la economía que estima el secretario de Hacienda, es más del doble de lo que estiman los expertos consultados por Banxico (1.3%) y por el IMEF (1.4%). Respaldada con datos de 20 años atrás, asegura que ningún secretario de Hacienda se había atrevido a sobreestimar tanto el crecimiento económico, y que “Lo mismo pasa con la inflación, (…) Ramírez nos dice que en 2023 la inflación será del 3.2%, es decir, 30% menos de lo que estima Banxico (4.6) e IMEF (4.7)”.

¿Y cuál es el problema de esto? Según la misma Viri Ríos, “Por cada medio punto de crecimiento sobreestimado por Ramírez desaparecerán 23 mil millones de pesos del presupuesto de 2023. Esto significa que, el mal tino de las estimaciones serán equivalentes a recortes por 78 mil millones de pesos…” lo que equivale a quitarle al Poder Judicial el 97% de todo su presupuesto actual. Para Viri Ríos, no se trata de errores ingenuos sino de una estrategia intencional para hacer creer a López Obrador que tendrá más recursos para calmar a gobernadores y para negociar con las fracciones parlamentarias del Congreso; “Pero sobre todo, esta estrategia permitirá que López Obrador decida dónde y cómo recortar presupuesto cuando la realidad presupuestaria toque a la puerta” (MILENIO, 12 de septiembre).

En el mismo sentido opina otro destacado economista, Macario Schettino, quien afirma que el verdadero objetivo de la sobreestimación del crecimiento económico es ocultar la crisis fiscal que se avecina. Con un crecimiento del 3%, la recaudación tributaria calculada y el déficit esperable para el próximo año resulta ser del 3.6% del PIB, algo así como 1,2 billones de pesos, poco mayor al límite normalmente aceptado pero nada excepcional. En cambio, si hacemos caso a los expertos consultados por Banxico, que calculan un crecimiento del 1.5%, y ajustamos la recaudación a este crecimiento, entonces el déficit fiscal se dispara a casi 5% del PIB “que sí es algo muy difícil de aceptar” (EL FINANCIERO, 12 de septiembre).

A Peña Nieto le ocurrió algo semejante, dice Schettino: veía venir una crisis fiscal y decidió reducir gastos y dar el famoso “gasolinazo” para incrementar ingresos, a pesar del costo político; pero “…López Obrador toma el camino opuesto. En lugar de moderar gastos e incrementar ingresos (…) elige incrementar los gastos aunque los ingresos no den. Es más, optan por inventar cifras para fingir que tendrán los ingresos. Cualquiera que tenga un poco de práctica con los datos económicos puede comprobar que ese paquete presupuestal es un engaño”. Renglones abajo Schettino concluye: “Lo que comentamos en esta columna desde hace algún tiempo ha llegado. La crisis fiscal nos espera, y aunque no puedo estimar el momento del estallido, cada día me parece más probable que ocurra antes de las elecciones del 24. Pero habrá colegas con otra opinión que vale la pena escuchar”.

Es muy plausible la actitud precavida y responsable de Schettino, pero no deja de ser un elocuente grito de alerta para quien quiera escucharlo. Por mi parte, lo más grave que veo es la distribución del gasto no programable por la enorme tajada del presupuesto que se llevan los programas sociales y las obras emblemáticas del presidente, cada vez más caras y más alejadas del presupuesto con que fueron aprobadas. Este enorme despilfarro de recursos deja el crecimiento de la infraestructura productiva del país y la calidad de los servicios básicos para la población colgados de los endebles supuestos económicos del PEF-2023 cuyo cumplimiento cabal es racionalmente imposible, como acabamos de ver. Todos los economistas reconocidos que he podido consultar, coinciden en que basta que uno de ellos falle para desequilibrar el gasto. En tal caso, habrá recortes a la inversión pública, recortes que, con toda seguridad, no serán al gasto programable ni a las prioridades del presidente, sino a las necesidades básicas de la gente. Será entonces cuando conozcamos, como dice Enrique Quintana, la verdadera pobreza franciscana de que ha venido hablando López Obrador en las últimas semanas.

¡Sí! Digo yo. Pero esa pobreza franciscana no la sufriremos todos por igual, sino solo las víctimas de siempre: los trabajadores y el pueblo pobre, que no se salvarán ni siquiera aferrados a la tablita de salvación de las tarjetas del bienestar que les reparte AMLO para apaciguarlos y comprar su voto. Eso es lo que nos promete el PEF-2023.

LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA MERECE DESAPARECER

Por: Aquiles Córdova Morán

No soy abogado de profesión y no escribo como experto constitucionalista, sino como simple ciudadano que sufre una honda preocupación por los graves peligros que acechan la vida y la seguridad de sus compañeros de lucha, acusados y acosados por el máximo poder de la República y amenazados al unísono por el crimen y la delincuencia que asuelan al país.

En la época del absolutismo, cuando la sociedad era gobernada por reyes, káiseres, zares, etc., la voluntad o el capricho del soberano era ley inapelable para sus súbditos y no había, en consecuencia, ni sombra de instituciones o recursos jurídicos para la defensa del ciudadano común ante la arbitrariedad del soberano. El fundamento del absolutismo era el argumento “irrecusable” de que todo poder viene de Dios, y que el mismísimo Dios era quien, a través de su Iglesia, ungía y coronaba al monarca para que, en su nombre, ejerciera el poder sobre los demás. Por tanto, una vez ungido y coronado, la persona del rey era sagrada, intocable, e indiscutibles sus deseos y mandatos. Quien osara desobedecerlos o discutirlos desafiaba la voluntad misma de Dios y tenía que ser rigurosamente castigado.

Bajo el absolutismo había, ciertamente, leyes y reglamentos escritos y todo un ejército de funcionarios encargados de su puntual aplicación, pero estas leyes y reglamentos no eran más que la voluntad escrita del soberano, eran una extensión de su poder en el espacio y en el tiempo y, en consecuencia, eran igualmente inatacables por el ciudadano común. El rey sagrado no tenía obligación de rendir cuentas de sus actos a nadie más que a Dios, el único capacitado para juzgarlo.

Fue, pues, un gran salto adelante el derrocamiento del absolutismo y la llegada de la burguesía con democracia liberal. Fue la evolución burguesa, cuyo modelo clásico es la Revolución Francesa de 1789, la que arrancó de raíz el principio del origen divino del poder de los reyes y de las leyes que tenían a bien promulgar, e instituyó en su lugar el principio de la soberanía popular. En consonancia con esto, el gobernante dejó de ser sagrado en su persona y en sus mandatos y leyes, y el pueblo quedó facultado para elegirlo o removerlo según sus intereses, para modificar en todo momento la forma de su gobierno y promulgar las leyes que juzgue convenientes conservando, al mismo tiempo, la facultad de derogarlas, modificarlas y perfeccionarlas para mejor servir a sus intereses.

Todo el aparato del Estado y del Gobierno tiene su fundamento en la Constitución General del país; de ella emanan todas las demás leyes secundarias y reglamentarias que conforman el Estado de Derecho. Por este camino, las leyes dejaron de ser la voluntad escrita del rey para convertirse en la voluntad escrita del pueblo, al cual deben servir y cuyos derechos deben proteger sin falta. Según el espíritu de la Constitución y sus leyes derivadas, los gobernantes solo pueden hacer aquello para lo que las propias leyes los faculten expresamente; mientras que el pueblo puede hacer todo aquello que esas mismas leyes no les prohíben, también expresamente.

¿En qué consiste, en suma, el gran salto adelante de la democracia liberal-burguesa? En que cortó de tajo el mito del carácter divino del gobernante y lo sometió al poder soberano del pueblo manifestado en la Constitución y sus leyes derivadas; lo obligó a rendir cuentas ante la soberanía popular y acotó y reglamentó su poder, limitándolo estrictamente a los límites que las propias leyes le señalan. Teóricamente acabó con la arbitrariedad, los abusos de poder y el autoritarismo, que solo responde ante sí mismo de sus actos, fijó con precisión los derechos de los ciudadanos y creó los mecanismos legales para exigirlos o para defenderse de la arbitrariedad, la injusticia y la tergiversación de las leyes en su perjuicio. Todo esto, a decir verdad, suena bien en la teoría. En la práctica, las cosas suelen ser muy distintas por razones que no abordaré por ahora pero que, ciertamente, no resultan baladíes en un mundo en que las guerras de agresión y saqueo contra los pueblos débiles se justifican como defensa de la democracia liberal ante las “dictaduras populistas”.

Retomando nuestro asunto, de lo dicho se deduce claramente que toda ley que permita, o incluso exija y justifique transgredir abiertamente los límites impuestos al poder público por el cuerpo de leyes que dan vida al Estado de Derecho en detrimento de los ciudadanos; toda ley que conceda subrepticiamente al gobernante la facultad de decidir sobre la vida y la libertad de la gente sin taxativa alguna, es una ley retrógrada de corte absolutista, es un salto atrás hacia la época feudal-medieval en que reyes y señores eran dueños de vidas y haciendas. Una ley así, no puede menos que contradecir lo dispuesto en la Constitución General de un Estado democrático cualquiera. Por tanto, esa ley merece perecer, debe ser derogada de inmediato, antes de que otras leyes u otros legisladores quieran imitarla, lo que acabaría derrumbando todo el edificio del Estado de Derecho.

A mi manera de ver, este es precisamente el caso de la ley que establece la prisión preventiva oficiosa (PPO). Según los especialistas, la prisión preventiva como recurso del Poder Judicial para impartir una mejor justicia, nació junto con nuestra actual Constitución en 1917. En 2008, bajo el gobierno de Felipe Calderón, se promovió una reforma constitucional para diferenciar dos tipos de prisión preventiva, la justificada y la oficiosa o automática cuando la gravedad del delito lo amerite. No obstante, el objetivo de la prisión preventiva seguía siendo el mismo: que el probable culpable no escapara a los tribunales, garantizar la seguridad de la víctima, familiares y testigos y lograr una mejor investigación del caso. Una segunda reforma ocurrió en 2018, todavía bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto. Fue entonces cuando se precisó mejor el concepto y alcances de la prisión preventiva oficiosa.
Estos cambios quedaron fijados en el párrafo segundo del artículo 19 constitucional que dice: “…El Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud…” (EL FINANCIERO, 5 de septiembre). En total, son 16 los delitos que merecen la prisión preventiva oficiosa. Como se ve, la prisión preventiva oficiosa no se define en general, sino por enumeración de los delitos que la merecen; la ley no prevé ningún requisito a satisfacer, ningún medio de defensa contra este tipo de castigo. Basta que el delito imputado forme parte del catálogo correspondiente para que el juez ordene en automático que el imputado sea metido a la cárcel y tenga que vivir todo su juicio (que a veces no llega nunca) en prisión. Hay que notar, además, que en ningún caso se define la prisión preventiva como un recurso para abatir la delincuencia como afirma el Gobierno actual.

Así, la prisión preventiva oficiosa no depende en ningún grado ni de ningún modo de la culpabilidad o inocencia del imputado, sino, única y exclusivamente, del nombre del delito que se le impute y, en última instancia, de la voluntad y el criterio del juez. Esto significa que la suerte del imputado solo puede cambiarse cambiando el delito que se le achaca, es decir, que queda en las manos de su acusador, persona que, en no pocas veces, tiene motivos distintos a los jurídicos y legales para odiar al acusado y tratar de vengarse sangrientamente de él. Por lo visto en la práctica, el juez también puede cambiar el nombre del delito, lo que depende de las influencias del acusado o de sus abogados y de la probidad del juez. Como sea, la ley deja al imputado en el más absoluto desamparo frente a sus acusadores y sus jueces; su suerte depende de lo que él pueda hacer con sus propios recursos.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar “…pide declarar como anticonstitucional la figura de la prisión preventiva oficiosa, al considerar que va en contra de principios constitucionales como la presunción de inocencia y el principio de proporcionalidad”. Por su lado, “…la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha exhortado a México para que anule la prisión preventiva obligatoria, consagrada en la Constitución” (ambas citas en EL FINANCIERO, 5 de septiembre). Es verdad que la Suprema Corte no puede ordenar la derogación de la PPO porque implica modificar la Constitución, lo que es facultad exclusiva del Poder Legislativo. Pero eso no impide ni vuelve inútil, a mi juicio, un pronunciamiento claro de la Corte sobre el carácter anticonstitucional de la PPO si la prisión preventiva contradice o no la Carta Magna, aunque su opinión no tenga carácter vinculatorio.

El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, destaca por lo “curioso” de su defensa de la PPO: “…si se deja a merced de los jueces la libertad de una persona acusada, se «puede dar lugar a múltiples casos de corrupción, a un mercadeo de abogados y jueces»”. Como vimos, la prisión preventiva oficiosa deja la suerte del acusado en manos del juez y de su acusador, con lo cual el “mercadeo” solo se amplía a la parte acusadora, pero no lo elimina como quiere el subsecretario Mejía. Concluye el subsecretario: “Representa una amenaza para la sociedad (la desaparición de la PPO) porque estos individuos en libertad seguirán llevando a cabo sus actividades de carácter criminal”, (portal RT, 29 de agosto). El subsecretario no se da cuenta que este argumento es un oxímoron, puesto que da por demostrado justamente lo que el juicio tiene que probar, esto es, que quien recibe la PPO es un peligroso delincuente que pone en riesgo la seguridad de los demás. Si de antemano sabemos que se trata de un criminal irredento (y solo así resultarían culpables quienes abogan por suprimir la PPO) ahorrémonos gastos, embrollos jurídicos, abogados y jueces y sentenciemos a todos a cadena perpetua.

Por su lado, el presidente López Obrador dijo que la eliminación de la PPO implicaría la «Protección para jefes de bandas de la delincuencia organizada y para delincuentes de cuello blanco» (misma nota de RT). También esto es una contradicción en los términos: si ya sabemos que los imputados son jefes de bandas y ladrones de cuello blanco, ¿para qué los sometemos a prisión preventiva oficiosa? Por otra parte, ¿cuántos jefes de bandas criminales y delincuentes de cuello blanco que purgan justa condena gracias a la prisión preventiva puede enumerar el presidente? ¿No es verdad que todo México sabe que la delincuencia está desbordada y que el Gobierno se muestra incapaz u omiso para combatirla? ¿No acaso las cifras demuestran que la inmensa mayoría de quienes padecen PPO son gentes de escasos recursos que no tuvieron dinero para un buen abogado o para sobornar al juez o a sus acusadores? ¿Dónde está la eficacia de la PPO para abatir la violencia y el crimen?

El problema aquí no radica en si se les aplica o no la PPO, eso viene solo en segundo término. El primero es echarles el guante y presentarlos ante la justicia. Es algo semejante a aquel instructivo para usar eficazmente un poderoso veneno contra las pulgas. Coge usted la pulga, rezaba el instructivo, le abre el pico y le vierte el veneno; el resultado es inmediato y garantizado. Sí, pero el problema no es matar una pulga cuando ya la tenemos en la mano; el problema es, precisamente, cazar la pulga. No hay remedio: la PPO es arbitraria, abusiva, inconstitucional; una ley que nulifica el derecho a la presunción de inocencia e impide la defensa eficaz de la víctima encerrándola en la cárcel, con un acceso limitado a sus recursos y a sus abogados. Por eso merece ser derogada sin tardanza. Que se haga o no, ese es otro problema.