Taller de Derecho Garantista y Constitucional

LIBERTAD A LOS DETENIDOS EN EL OPERATIVO APOLO

ACTUALIZACIÓN : El día 10/08 fueron liberados 10 de los detenidos luego de 15 días de estar encarcelados y acusados injustamente.

Desde el Taller de Derecho Garantista y Constitucional, expresamos nuestra solidaridad con los detenidos en el operativo policial Apolo, ocurrido en la ciudad de Huánuco el último 27 de Julio, entre ellos estudiantes y egresados de la Universidad Hermilio Valdizán. Sus viviendas fueron allanadas de manera ilegal e inconstitucional, incautando como “pruebas”, libros de marxismo, chat de wasap, reuniones sociales, etc.; teniendo como base una orden judicial de detención preliminar, por el supuesto delito de “terrorismo”.
Se repite lo ocurrido en el operativo Olimpo en el año 2020, donde ciudadanos entre estudiantes, profesionales, docentes, luchadores sociales, etc., fueron detenidos arbitrariamente debido a una orden judicial de detención preliminar, también bajo los cargos del llamado delito de “terrorismo”, para luego, sin elemento alguno que acredite planes o actos terroristas, por el sólo hecho de tener ideas marxistas, dictar contra ellos, una orden de detención preventiva por 18 meses, sin base legal ni constitucional alguna, pues LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, AMPARA LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN, OPINIÓN, EXPRESIÓN Y DIFUSIÓN DEL PENSAMIENTO, Y NO HAY PERSECUSIÓN POR RAZÓN DE IDEAS Y CREENCIAS.
En el referido Operativo Olimpo, el Poder Judicial, en un claro acto de prevaricación, al término de los 18 meses de detención preliminar, a pedido del Ministerio Público, dictó una nueva orden de prolongación de la detención preventiva por otros 18 meses; sin embargo, la defensa legal de los detenidos apeló dicha orden ilegal e inconstitucional, obteniendo que la Sala Penal revocara la medida, pero nada de ello justifica los casi 20 meses de prisión preventiva de dichos ciudadanos, sin que hayan cometido delito alguno, acusándoles injustamente de afiliación terrorista, por ejercer al igual que los compatriotas en Huánuco, su derecho a pensar diferente, a organizarse, a protestar frente a las injusticias sociales, por exigir su derecho a la libertad de expresión y de ideas, por buscar democracia y cambios sociales.
Con estas detenciones arbitrarias en Huánuco se evidencia una vez más la persecución política y la criminalización de la protesta en el país, lo que constituye una flagrante violación a los derechos fundamentales de rango constitucional. Así pues, se utiliza el terruqueo contra los opositores políticos, luchadores sociales y todo aquel que cuestione el sistema, o disienta de la política actual; es decir, se busca encarcelar a todo disidente, sin importar si se están contraviniendo derechos fundamentales, lo que importa al sistema es eliminar a quienes consideran un peligro para sus intereses. Esta grave situación se ha venido agudizando en los últimos años, ante el descontento social cada vez es mayor, producto de las injusticia sociales y económicas, se escuchan voces de cambios, de nueva constitución, etc.
Así, el Estado peruano, a través de la policía política DIRCOTE, la fiscalía y el Poder Judicial, en forma orquestada, aplican el derecho penal del enemigo, esa doctrina jurídica que considera “no personas” o “no ciudadanos”, a quienes se oponen o cuestionan el sistema capitalista neoliberal y buscan un cambio social; por ello se hace necesario hacer la denuncia pública de estos hechos, y a la vez hacemos un llamado al heroico pueblo peruano, a solidarizarse y rechazar estás y todas las ilegales detenciones en contra de luchadores sociales.
Desde espacio manifestamos nuestro apoyo a los familiares y abogados del caso Apolo, y exigimos el respeto a los derechos constitucionales de los detenidos, con plena observancia del derecho penal garantista, el cual se funda en la protección de los derechos fundamentales frente a la persecución política y a la criminalización de la protesta social.
¡ABAJO LA APLICACIÓN EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO EN NUESTRO PAÍS!

¡BASTA DE PERSECUSION POLITICA A LUCHADORES SOCIALES ¡

¡PENSAR DIFERENTE NO ES UN DELITO ¡

¡RECHAZAMOS LA PROLONGACION DE LA PRISIÓN PREVENTIVA DE LOS DETENIDOS EN EL OPERATIVO OLIMPO!
¡NO A LA APLICACIÓN DEL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO!

Desde el Taller de Derecho Garantista y Constitucional, mostramos nuestro absoluto rechazo a las resoluciones dictadas por el Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio a cargo del juez Littman Ramírez Delgado, que dispone la prolongación de la prisión preventiva y detención domiciliaria para todos los detenidos en el Operativo Olimpo por el plazo de 18 meses adicionales a los ya cumplidos, sin ninguna prueba de que hayan cometido delito alguno, y vienen siendo denunciados por participar en reuniones, marchas, querer participar en la vida política del país, restringiendo su libertad de pensamiento.

Se pretende que cumplan 3 años de prisión preventiva, evidenciando una condena anticipada, aplicando el Derecho Penal del Enemigo, sin el respeto de las garantías del debido proceso.Esta decisión convierte en regla una medida que debe ser impuesta como medida excepcional, vulnerando los derechos fundamentales de los procesados, y demuestra una vez más la política de criminalización que vienen usando los operadores de la justicia en contra de todos aquellos que disienten del sistema de explotación capitalista, con el objetivo de anular su condición de perdona y ciudadano.
A razón de esto, rechazamos la prolongación de la prisión preventiva y detención domiciliaria para los detenidos del caso Olimpo y reiteramos nuestro compromiso en combatir y denunciar el derecho penal del enemigo y no permitir que se extienda en toda la sociedad.

¡NO A LA PROLONGACION DE LA PRISIÓN PREVENTIVA DE LOS DETENIDOS EN EL OPERATIVO OLIMPO ¡

¡NO A LA APLICACIÓN DEL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO ¡

Desde el Taller de Derecho Garantista y Constitucional, con base en los principios del derecho penal garantista, expresamos nuestra solidaridad con los familiares y abogados, frente al ilegal e inconstitucional pedido de prolongar la prisión preventiva para los detenidos del operativo Olimpo, quienes llevan casi 18 meses de injusta prisión preventiva, sin prueba alguna de que hayan cometido delito, menos de haber causado algún daño personal o material, tan sólo por expresar libremente sus ideas contrarias al sistema de explotación y opresión capitalista, por luchar que se materialice una nueva constitución con y para el pueblo, mediante Asamblea constituyente, por la democratización de la sociedad peruana; frente a ello, el estado peruano, a través de la policía política DIRCOTE, la fiscalía y el Poder Judicial, pretende ampliar por más tiempo sus detenciones, manteniéndolos en la cárcel y/o prisión domiciliaria, aplicando el derecho penal del enemigo a estos ciudadanos, para quienes no se respetan las garantías de un debido proceso, y son criminalizados por denunciar las injusticias sociales y económicas en nuestro país, por exigir junto a la población una nueva constitución, por organizarse, por protestar, por exigir su derecho a la libertad de expresión de pensamientos e ideas, por buscar democracia y desarrollo, ninguno de esos planteamientos constituyen delito, y a pesar de ello se sigue argumentado una supuesta peligrosidad que hasta ahora la fiscalía no puede probar; en realidad se trata de una persecución por razón de ideas, aplicando un derecho penal de autor, contrario al derecho penal garantista, con lo cual queda en evidencia la farsa de juicios, donde de antemano se busca condenar, restringiendo el derecho de defensa y sin tener en cuenta las mínimas garantías judiciales.

Varios de ellos, se vieron abruptamente arrancados de sus hogares y familia, a quienes no ven ya casi dos años, luego de su detención se enfermaron con el COVID-19, tienen visitas sumamente restringidas, afectando su vida social, familiar, laboral, con la salud afectada; no se les trata como a cualquier ciudadano, se les ve como enemigos, por el sólo hecho de cuestionar el sistema y propugnar un cambio social en beneficio de las amplias mayorías de nuestro pueblo, se trata de juicios de odio y venganza; por todo ello, nos solidarizamos con ellos, sus familiares y abogados, y exigimos que se respete y aplique el derecho garantista, el cual se funda en la protección de los derechos fundamentales frente al poder estatal, frente a la persecución política, a la arbitraria prisión preventiva, y a la criminalización de la protesta social.

¡BASTA DE PERSECUSION POLITICA ¡
¡LIBERTAD PARA LOS LUCHADORES SOCIALES ¡

¡VIVA EL PRIMERO DE MAYO ¡
El origen del 1° de Mayo está relacionado a la historia del movimiento obrero y las condiciones de vida y de trabajo a fines del siglo XIX, en plena segunda Revolución Industrial las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores eran inhumanas consecuencia de la explotación capitalista extrema. Durante estos años se reclamaba la reducción de la jornada laboral que eran de 12, 14 y hasta 16 horas, sin días de descanso, hacinados en las fábricas, con sueldos bajísimos, sin beneficios laborales, sin atención médica ni cobertura por accidentes de trabajo, donde mujeres y niños trabajan por la mitad del sueldo, la explotación laboral infantil estaba normalizada. Es así que 1° de Mayo de 1886 se organizo una gran huelga en diversas ciudades de EEUU, y Chicago fue una de las ciudades donde fue más impactante, se sumaron miles de trabajadores y la represión policial fue dura y brutal, donde hubieron trabajadores asesinados y mas heridos. En un evento confuso estallo una bomba en medio de la protesta, y la policía aprovecho este momento para atacar con crueldad a los manifestantes, y encarcelar sin ningún tipo de pruebas. En un juicio considerado una farsa, el gobierno acuso a 8 trabajadores como los causantes, 4 de ellos fueron condenados a muerte, en un evento público, injusto lleno de odio y venganza. Es así que en ese momento fueron conocidos como “mártires de Chicago” en homenaje a ellos en el congreso internacional de obreros y trabajadores socialistas, llamada la 2da Internacional, que aglutinaba partidos y organizaciones obreras de casi todo el mundo, declararon el 1° de mayo como día internacional de los trabajadores y a estos mártires, héroes de la lucha proletaria.
Conmemoramos en este día a los luchadores sociales, del Perú y el mundo que entregaron su vida en búsqueda de mejores condiciones laborales y de vida, haciendo homenaje a todos los trabajadores que pasaron por condiciones infrahumanas y los trabajadores que actualmente no tienen sueldos justos que logren cubrir el actual costo de vida, los que con de las horas extra terminando trabajando más de 8 horas, los que no tienen estabilidad laboral, los que tienen contratos temporales, y todos los que no logran beneficiarse con igualdad del fruto de su trabajo. La lucha continua por los derechos laborales de todos los trabajadores.
Actualmente vivimos la crisis económica y social fruto de la aplicación del neoliberalismo hace mas de 30 años, donde no se han solucionado las demandas de la población y que en las ultimas semanas hemos visto a través de decenas de protestas en nuestro país ante el alza del costo de vida, que iniciaron los trasportistas y se fueron sumando otras organizaciones, gremios, asociaciones, donde los trabajadores y obreros también presentes en las luchas con sus reivindicaciones laborales pendientes, haciendo evidente la necesidad de una nueva constitución a través de una asamblea constituyente, ya que esta constitución pone por delante los intereses de los capitales privados y los grandes grupos de poder sobre las necesidades y exigencias de la población.

CON RESPECTO A LAS LUCHAS DEL PUEBLO PERUANO POR SUS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA NECESIDAD DE UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

En los últimos días vemos intensas luchas y protestas, frente al alza de combustibles, cobro excesivo de peajes, del precio de los alimentos, abandono de sectores agropecuarios, etc; ello no ha hecho más a que evidenciar que la población con sus demandas latentes de hace décadas levante las voces de una nueva constitución mediante una asamblea constituyente, para restablecimiento de sus derechos conculcados durante las últimos 30 años de aplicación de neoliberalismo y satisfacer sus necesidades económicas y sociales que vienen siendo desatendidas.

Durante la campaña presidencial, en la segunda vuelta la población especialmente de provincia le entregaron al profesor Pedro Castillo un voto de esperanza en el cambio ya que una de sus promesas fue nueva constitución a través de una asamblea constituyente, hacerle frente a los monopolios, regular precios, etc.; promesas que al pasar los meses ha dejado de lado sucumbiendo a la presión de la gran burguesía, y el pueblo lo nota, a ello se suma la crisis política atizada por tres partidos del congreso contra el ejecutivo y legislativo, que refleja la falta de visión de nación de los grupos de poder económico, quienes desde el día uno que Castillo asumió la presidencia buscaban su vacancia, con el fin de llamar a nuevas elecciones generales, y controlar todos los poderes del Estado directamente para no perder el poder económico que han mantenido durante más de 30 años de capitalismo neoliberal, respaldados por la actual constitución.

La Constitución del 93 durante estos 30 años solo ha beneficiado y enriquecido a un puñado de mil millonarios y perjudicado a más de 20 millones de peruanos que viven en pobreza y pobreza extrema, esta situación hace que el pueblo demande cada vez con más claridad cambiar la Constitución para lograr la democratización de la sociedad peruana y así recuperar sus derechos laborales y sociales conculcados.

Como Taller de Derecho Garantista y Constitucional debemos resaltar que este reclamo legitimo por sus derechos que viene haciendo la población desde hace años y que se viene agudizando debe ser atendido de inmediato. Luchar por democratizar la sociedad, exigir al Estado que cumpla con respetar los derechos, beneficios y libertades democráticas arrasados por capitalismo neoliberal impuesto por ello exigir una nueva constitución a través de una asamblea constituyente con participación popular y en beneficio del pueblo es un derecho del pueblo, así como también el de organizarse y protestar, y ello no debe ser motivo para criminalizar, perseguir, ni judicializar a ningún ciudadano peruano, luchadores sociales, y todo aquel que levante su voz de protesta ante el sistema.

Compartimos un extracto la intervención de Dilvia Gálvez (Coordinadora en Defensa del Valle del Tambo) del conversatorio realizado el 17/02/2022: “Defensores Criminalizados del Valle del Tambo”, organizado por la Red Muqui.

Nos solidarizamos y unimos a la denuncia pública en contra de la criminalización de los defensores ambientales del Valle del Tambo, rechazamos el que se haya ratificó la prisión de dirigentes por ejercer su derecho a la organización y protesta social en contra el proyecto minero de Tía María. Queda demostrado una vez más con estos hechos, los atropellos que el estado peruano realiza en contra de luchadores sociales, dirigentes estudiantiles, sindicalistas, defensores ambientales, etc., y todo aquel que se opone o evidencia la crisis social y económica del país.

El Estado peruano no garantía los derechos fundamentales de la población, y muy por el contrario: judicializa, criminaliza, encarcela y persigue, pretendiendo así hostigar y condenar la protesta social, para ello utiliza el aparato estatal, policía, fiscalía, ministerio público, poder judicial etc., criminalizando todo acto que ellos consideren que afectan el “orden” mediante la persecución política.

Hacemos un llamado a estar pendientes de estos casos que no terminan solo con las injustas encarcelaciones sino también utilizan ello, pretendiendo callar las diferentes manifestaciones sociales en el país, algo que no se ajusta a un estado de derecho y democrático.

El mayor (en retiro) Antauro Humala devino en preso políticos al ser detenido por levantarse contra la aplicación del neoliberalismo, hace 16 años. El caso es que lo sucedido fue un hecho dentro de una rebelión social, y con fines políticos los cuales en toda sociedad que se dice democrático busca solucionarlo de manera política, hecho que en nuestro país no viene sucediendo desde hace décadas. Por el contrario, se judicializan hechos políticos y sociales criminalizando todo mediante la presión de los medios de comunicación, ahondando los problemas y generando mayor división entre peruanos.

Hoy que se está haciendo una costumbre, por parte del grupúsculo que conforma la derecha y ultraderecha, criminalizar, terruquear y judicializar a los opositores políticos como si fuera un acto de justicia, debemos estar atentos pues así lo único que se está logrando es la negación de garantías constitucionales y procesales, Poniendo la Ley en manos de intereses protervos, que durante décadas han vendido los juicios mediante tráfico de influencias como el caso de los “Cuellos Blanco del Puerto”, haciendo una necesidad no solo una reforma judicial, sino el cambio de Constitución mediante una Asamblea Constituyente tan necesaria en nuestro país.