Un mundo Al revés

SOBRE TROPIEZOS AL INICIO DE UN CAMINO

Lic. Gerardo Monge Bolaños
Periodista-Educador

Llama la atención ver las reacciones diversas que ha tenido en las redes sociales, alguna de las primeras acciones del presidente entrante Rodrigo Chaves. Nos referimos a las acciones que tienen que ver con algún nombramiento de algún jerarca que al parecer, no cumplía con los requisitos establecidos para el ejercicio del puesto público al que se le designó. No olvidemos que para la gente que conoce de lo público, al menos en nuestra Tiquicia, el apego estricto a lo establecido por ley, no es un asunto de libre elección o decisión, es una obligación legal, valga la redundancia. Por qué, porque vivimos, en dentro de un escenario de lo público y civil al que llamamos Estado Social de Derecho. No es tan complicado entenderlo, estoy absolutamente seguro, si lo queremos entender, porque es saber que nada se puede, si no tenemos en cuanta primero las limitaciones o posibilidades que nos permitan las leyes y la Constitución Política. O todo se puede, si las leyes o la Constitución, no lo limitan, lo restringen o lo prohíben. En otras palabras, nuestra vida en democracia, solo es posible guiándonos por los sacros cauces que marca el derecho, privado o público.
Otra acción que viene al caso subrayar es la del decreto de emergencia, esperamos que no se haya publicado ya en La Gaceta, porque aunque no lo conocemos a fondo, porque si es una potestad del Poder Ejecutivo, no del Presidente (porque el Poder Ejecutivo lo constituyen el Presidente junto con sus Ministros, o sea el Consejo de Gobierno) hacer una declaratoria de emergencia, pero para ello, debe considerar lo establecido en los Art. 14 y 29 de la Ley Nacional de Emergencias, instrumento legal creado específicamente con esos fines y al parecer pudo haber alguna ligereza en el acto de redactar el decreto y anunciarlo, pues aunque la Comisión Nacional de Emergencias, es una institución de desconcentración máxima, lo establecido en la ley 8488, debe respetarse sí o sí, a menos que se haga de previo una modificación a es ley. Decimos que pudo haber algo de premura justificada o no en ese acto, para nosotros fallido, porque No existe una resolución técnica emitida, de parte de la CNE o al menos conocida, sobre dicha emergencia y los fundamentos que ofrezca esa base técnica para la declaratoria de emergencia nacional. Ni siquiera, se había mencionado o nombrado a esa hora y fecha, a quien se haría responsable de dirigir a la CNE, nombramiento que corresponde directamente al Presidente de la República, según lo dicta esa misma ley.
Se dice en las redes sociales que de acuerdo con la opinión del Presidente Chaves, él no tiene que pedir permiso a la CNE, para hacer una declaratoria de emergencia nacional. El mundo Al revés, cree que don Rodrigo lleva razón en eso de pedir o no permiso, pero si es su obligación ineludible asesorarse adecuadamente y legalmente, sobre la estricta legalidad de sus acciones, para que estas surtan el efecto positivo deseado no solo por el, sino por todo el pueblo que lo eligió. Porque entre pedir permiso y consultar con sabiduría, sobre lo que procede o no procede, según el sano proceder en nuestro sacro Estado de Derecho, hay una marcadísima diferencia. El mundo Al revés, cree con todo respeto que también es de sabios equivocarse y rectificar a tiempo lo que deba rectificarse, al fin lo que importa es el acto bien ejecutado y con resultados, no aquello que opinen o dejen de opinar quienes solo miran hacia el escenario y desde las redes sociales o por medios de comunicación. También podría tener en cuenta don Rodrigo, para estos efectos, lo que dicta el mismo Art. 1 de la supra citada ley o de lo que se permite o no se permite en el Art. 180 de nuestra Constitución Política. Porque establecer una declaratoria de emergencia, es abrir la puerta a un Estado de Excepción, escenario dentro del cual, se puede operar con mayor libertad dentro de la gestión pública, pero teniendo en cuanta las reglas establecidas para operar dentro de esa misma excepcionalidad.

Nuestro consejo, es buscar mejor asesoría legal, incluida la Procuraduría General de la República, de científicos y técnicos de otras especialidades, al fin y al cabo, el Estado Costarricense, no es una empresa privada. Es la cosa de todos. Nos queda pendiente lo del tema llevado y traído sobre el uso de la mascarilla. En donde no caben aspectos que tengan que ver con el unos si y otros no, es decir la discriminación no es una opción en nuestro Estado de Derecho, aunque lo diga el Presidente, al cual recibimos con afecto y respeto.

PENSAMIENTOS INTERESANTES EN TIEMPO DE PANDEMIA

SOBRE ALERTAS, PANDEMIAS Y PRESUNTAS INCONSTITUCIONALIDADES
Lic. Gerardo Antonio Monge Bolaños

Se ha dicho que una declaratoria de alerta roja en el marco de la pandemia que actualmente sacude severamente a la sociedad costarricense no es viable, porque sería como declarar un estado de sitio y violentar las garantías constitucionales. Más o menos así fue expresado ente los medios de comunicación por autoridades de la llamada CNE. Debemos entender un estado de sito, solo es posible en países con regímenes castrenses, nunca en países democráticos. No tenemos ejército.
Al pensar y repensar sobre tales afirmaciones, nos saltan varias dudas, algunas tal vez razonables y otras tal vez no tanto. Pero en un intento de procurar la mayor objetividad en el tema, primero tales afirmaciones no pueden ser dichas sin hacer referencia alguna a un criterio explicito, sean de carácter técnico y legal y no simplemente por alguien crea que es así, por así lo cree o porque alguien así lo ordenó.
No escuché al menos yo ninguna referencia a ninguna norma legal o constitucional; o jurisprudencial específica que respalde tal criterio. Lo más grave, la prensa simplemente se limitó a repetir lo dicho, como si eso fuera un dogma infalible. Eso no sé si dejarlo por el enorme respeto y cariño que le tengo no solo a las autoridades de la CNE, sino a muchas otras que le están poniendo el pecho a los balazos verdaderos; o, replicarlo un poco. Pero lo que sí estoy seguro es que amerita de alguna fe de erratas por parte de alguien.
Precisando un poco y según mi escaso entender en la materia, me atrevo a decir que un desastre tiene los siguientes componentes de algo como lo que estamos enfrentando: Una amenaza, una vulnerabilidad y un riesgo. Cuando estos tres elementos se juntan, podemos inicialmente estar frente a una simple emergencia que nos obliga a actuar para que ella no evolucione hacia un caos, o sea hacia un desastre. En este caso desde el principio podríamos identificar que la amenaza es la presencia del SarCov-2, más la incontenible movilidad, hacinamiento y pobreza extrema, hábitos de higiene y concentración en espacios reducidos de esa población. Es decir es una multiamenaza. La vulnerabilidad, la podemos identificar en la escasa comunicación clara, en la casi nula organización social, en niveles de educación y de convivencia sumamente débiles y en la presencia de redes sociales de uso masivo, en los enormes asentamientos que viven en precario y que para sobrevivir deben exponerse al contagio y el hacinamiento, un sistema hospitalario bastante eficiente, pero insuficiente para estos casos específicos. El riesgo es evidente adquirir la enfermedad por el contagio de miles formas y las miles de muertes ya acaecidas, una economía sumamente débil y obviamente un efecto a nivel global o mundial de la acción no controlada por varios meses del sarcov-2. Resultado: Una emergencia nacional al principio y más o menos localizada en cuatro provincias. Pero así como se extendió en otros países como Brasil, logró permear kilómetro por kilómetro todo el país evolucionando en paulatinamente hasta convertirse en un desastre no simplemente hospitalario, sino social, porque su efecto no es contra los edificios, sino contra las personas.

El resultado, ya lo conocen: Paralización de la economía, de muchos sistemas, comerciales, productivos, de abastecimiento, de sistemas de exportación, paralización de mercados internacionales, desempleo, paralización de los medios de transporte, colapso del sistema de salud nacional. Cuando como resultado tenemos eso en un país, podemos sin temor a equivocarnos que estamos frente a un desastre que es sinónimo de caos y el foco del problema, sin localización exacta y sin control. Esto es creciendo exponencialmente con costo de vidas humanas y de deterioro de la salud física y mental de un enorme segmento de la población.
Eso es un desastre, en el que los efectos no son de caracteres estrictamente materiales o físicos, como algunos podrían llamarlo. No. Va mucho más allá. Es peor que una guerra civil, porque ni siquiera hemos tenido la capacidad de localizar o georreferenciar la ubicación del enemigo, para poder cercarlo, y limitar su crecimiento. Ataca por todas partes, donde menos se te lo esperas, sin distinguir edad, sexto o identificación de género. Es peor que un desastre.
Ahora bien, refiriéndonos a la posibilidad de las alertas, claro que sí, en opinión muy personal y con el respeto absoluto de otras opiniones, debe darse inmediatamente una DECLARATORIA DE ALERTA ROJA, la cual no existe norma jurídica que indique tácitamente que con ella deben suspenderse ni siquiera temporalmente las garantías constitucionales. Todo lo contrario, con la simple alerta amarilla y naranja se llevó al extremo la restricción vehicular que de por si es una potestad de las autoridades de la CNE, pero igualmente es una restricción de la libertad de tránsito.
Estamos de acuerdo de con una alerta roja, no resolvemos el problema completamente, si la población no reacciona con suficiente responsabilidad. Pero se pueden establecer zonas donde al declararse alerta roja, se debe reforzar con la policía, para restringir al máximo el acceso de la gente, también se puede aplicar la vigilancia 24-7, limitar los accesos a esas zonas, limitar el paso de un cantón a otro, al fin y al cabo ya se está haciendo. Aplaudimos que no se cierren los espacios comerciales pero debe establecerse vigilancia estricta de seguridad y de salud.
Con la alerta roja, habría más claridad sobre una suspensión absoluta de la actividad académica entre otras que no le aportan mucho a la economía del país y probablemente están acrecentando los efectos evento que nos está provocando el desastre. Los procesos de vacunación podrían por ejemplo ordenarse un poco más, para que se agilicen y que cada área de salud deje de ser una autentica isla, donde el que quiere trabaja muchas más horas y aplica más vacunas y en otras apenas cumplen el horario laboral administrativo bajo la excusa de que tienen mayor población etaria que atender, como si nada especial estuviera ocurriendo. Se puede aplicar la petición de ayuda internacional y con mucha humildad reconocer que la pandemia que es un verdadero desastre, nos ha desbordado. Existen protocolos de emergencia, para esos casos. Las alertas rojas, no es la primera vez que se aplican en el país y el sector privado, puede estar tranquilo que no tendrían por qué afectarles. Claro hay que ser más creativos en la aplicación de las acciones y ojalá, dejando a un lado cualquier interés politiquero de cualquier bandera.
Si queda alguna duda sobre lo dicho les invito a leer con ojo analítico la Ley 8488 especialmente en sus artículos: 3; 4; 15; 19; 20; 28, 29; 34 y otros (Los derechos fundamentales solo puede suspenderlos la Asamblea Legislativa, no será por decreto ni mucho menos por declaratoria de un estado de Alerta Roja.