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| Alejandra contó que acompañó semanas atrás a un familiar, adulto mayor, a cobrar el bono de desarrollo humano: "Resulta que se ha cobrado".

Por la cuarentena, explicó, no habían podido cobrar. Al igual que ella, 1739 personas han presentado quejas ante el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) sobre cobros ilegales entre enero y junio de este año, que suman $ 185 251, es decir, esas asistencias sociales fueron cobradas por falsos beneficiarios, sobre todo, de bonos de desarrollo humano, bonos de desarrollo humano variable para personas en extrema pobreza y bonos para personas con algún tipo de capacidad reducida, según los registros del MIES.

"Una funcionaria que cobraba comisión por el cobro del bono. Llamaba a la persona y le decía: 'Usted tiene un bono acumulado de seis meses, yo le ayudo a cobrar pero usted me tiene que dar dos pensiones de las seis'. El otro caso es de un funcionario que se valía de tener información para poder llamar a las personas para decirles, casi, casi chantajearlas, es decir: 'Usted puede cobrar pero me tiene que dar un dinero a mí'", detalló el ministro de Inclusión Social, Iván Granda, sobre los dos casos de peculado.

El 10 de julio pasado, la Policía y la Fiscalía realizaron un operativo, denominado Dingo, en el que se detuvo a cinco personas que integrarían una banda que se dedicaba a realizar cobros ilegales de bonos sociales. Un juez ordenó la prisión preventiva de cuatro y la presentación periódica del quinto procesado.

En los allanamientos a ocho domicilios, los policías hallaron unos $ 5 mil en efectivo, carros y otros artículos.

En un comunicado de la Fiscalía, se explicó que uno de los detenidos trabajaba en una institución financiera y era quien identificaba a los beneficiarios del bono de desarrollo humano u otra de las ayudas sociales estatales que no habían cobrado durante tres o cuatro meses, ya sea por muerte o viaje.

Esa información era entregada a otras personas que integraban la supuesta organización, quienes retiraban los bonos en las tiendas de barrios, donde se pueden hacer los cobros: entre $ 80 y $ 200. La Fiscalía detalló que los sujetos habrían retirado entre $ 1 mil y $ 2 mil cada dos días, posiblemente por más de un año, y sin presentar la cédula de identidad del beneficiario. Haciendo el cálculo solo por $ 1000 y por un año, lo sustraído asciende a más de $ 180 mil.

El ministro Granda aseguró que si el beneficiario del bono presenta la queja en una de las oficinas del MIES, esta entidad solicita información al banco responsable del punto de cobro involucrado y, de ser necesario, se presenta una denuncia en la Fiscalía.

"No pierden el bono, tenemos un seguro. El usuario o beneficiario del bono al generar la denuncia respectiva, en cualquiera de los 46 balcones de servicios del MIES, constatamos la información y le volvemos a pagar (entre 30 y 40 días después del reclamo)", dijo el funcionario.

Este no es un problema que se ha registrado solo en este año. En el 2019, se inhabilitaron 1053, en su mayoría despensas. En ese año, los montos a recuperar ascendieron a $ 900 279. En el 2018, la cifra es igual de alta, $ 872 200.

Para prevenir este tipo de irregularidades, el MIES alista un proyecto desde hace dos meses para bancarizar el pago de las ayudas sociales.

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"Las personas no van a poder cobrar si no es personalmente o con un poder (...). Van a tener una tarjeta de débito para cajeros, donde tienen que poner una clave. No solo es importante por el tema de seguridad, sino también por un proceso de inclusión financiera. ¿Qué significa esto? Que puedes ser parte de los procesos de créditos de los bancos, eres un cliente y usuario de la banca", destacó Granda.

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