Rubio y Asociados Asesoría Jurídica Integral

INDEOENDENCIA JUDICIAL, DERECHO HUMANO A PROTEGER
La independencia judicial es un derecho humano, una garantía para los justiciables en las democracias constitucionales; sin ella ese derecho se distorsiona y se desfigura, afirmó la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, Presidenta del Poder Judicial de la Federación, al clausurar el Encuentro Internacional sobre Independencia Judicial. Reflexiones desde la Judicatura.
Indicó que en México existe un consenso respecto a la necesidad de reformar el sistema de justicia en su conjunto, pero con un Poder Judicial independiente, integrado por personas juzgadoras con sólida preparación y constante formación, que sean capaces de interpretar las normas con perspectiva de derechos y que tengan la garantía de que protegerlos no les costará su carrera, su libertad o su vida.
El Encuentro se desarrolló del 12 al 14 de agosto y fue organizado por La Corte y el CJF, en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Videos del Encuentro Internacional sobre Independencia Judicial Ministra Presidenta Norma Lucía Piña HernándezPresidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal

En breve se elegirá a un nuevo Magistrado Judicial en Baja California Sur.

- Comentario...
Licenciado Arturo Rubio Ruiz.
La Paz, Baja California Sur,
Agosto 10 de 2024.

El gobernador del Estado ha presentado la terna de la cual habrá de elegirse al nuevo magistrado judicial estatal en Baja California Sur.
De acuerdo al compromiso contraído en campaña con quienes participamos desde la academia en los foros sobre administración de justicia que al efecto se organizaron, el actual gobernador se comprometió a privilegiar la carrera judicial, sin dejar fuera de las opciones de designación, a profesionales del derecho, de experiencia probada y solvencia moral acreditada, lo que se traduciría en la práctica a que alternaría sus propuestas, de tal modo que conforme se fueran generando las vacantes, presentaría una terna de profesionistas sin carrera judicial, y a la siguiente vacante, la terna la integrarían tres profesionales del derecho con carrera judicial.

También se comprometió a privilegiar la alternancia atendiendo al s**o biológico de los integrantes de las ternas. Esto es, una terna sería solo de varones, y la siguiente, de mujeres.
De acuerdo entonces al compromiso contraído por el actual gobernador, debió presentar una terna integrada por tres mujeres, las tres con carrera judicial, pues el último nombramiento de magistrado judicial recayó en un profesionista varón, sin carrera judicial.

Todo indica que el gobernador olvidó el compromiso contraído en campaña, pues presentó una terna integrada por tres varones, dos de los cuales cuentan con carrera judicial, y un tercero sin carrera judicial, subordinado suyo, muy cercano a sus afectos, y que repite como integrante de una terna.
La propuesta del gobernador impone a los diputados un ejercicio de selección en el cual deben privilegiar la carrera judicial sobre los afectos y preferencias personales del gobernador, que insiste de nueva cuenta en proponer a un empleado suyo como candidato a la magistratura.
Si queremos una judicatura independiente, no puede recaer el nombramiento de magistrado judicial en un empleado del gobernador. Ya hemos tenido demasiadas experiencias negativas con magistrados improvisados, sometidos plenamente a la férula del gobernador, administradores a modo de una justicia partidaria, de consigna, sin autonomía funcional ni criterio propio.

Deberá ser congruente con los ideales constitucionales la designación del nuevo magistrado, y la misma ha de recaer en cualquiera de los dos candidatos que cuentan con carrera judicial. Ambos candidatos cuentan con experiencia probada, alto nivel profesional, han recibido capacitación constante, y su hoja curricular es basta en estudios de posgrado.

Ambos son jueces de primera instancia, y ambos iniciaron y desarrollaron su carrera dentro del Tribunal Estatal de Justicia, conocen perfectamente las necesidades, carencias y posibilidades de mejoramiento de todo el aparato de justicia en la entidad.
Cualquiera de los dos candidatos con carrera judicial representa la mejor opción para ocupar la vacante que deja al retirarse el actual presidente del Tribunal de Justicia.

Si el gobernador insiste en que su subordinado sea electo, que lo vuelva a proponer en la siguiente terna cuando se presente la próxima vacante, y deberá ser entonces, la mejor opción respecto a los otros dos candidatos. O mejor, aún, esperarse hasta la siguiente a la próxima terna que habrá de presentar, porque la próxima terna que presente, deberá estar integrada por mujeres,-y acorde con el compromiso contraído en campaña-, con carrera judicial.

Esperemos que en el seno del Congreso local prive el sentido común y el compromiso constitucional de elegir al más apto a desempeñarse como próximo magistrado judicial, y para ello, deberán elegir a uno de los dos candidatos con carrera judicial, el que les guste, pero que tenga carrera judicial. Hacer lo contrario, designar al empleado del gobernador, será una muestra de que son solo unos simuladores, al servicio del titular del ejecutivo en turno.

Réquiem al sistema penal acusatorio en Baja California Sur: Arturo Rubio Ruiz.

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, MAYO 31 DE 2024.- Con el inicio del siglo veintiuno, la promesa de un cambio en el sistema de justicia penal dio inicio al proceso de reforma al marco legal regulatorio, culminando en 2016 con la implementación plena del llamado sistema penal acusatorio y oral.
Nos prometieron un sistema procesal ágil, dinámico, eficaz, que habría de regirse inexcusablemente por los principios de: El debido proceso, juicio previo, presunción de inocencia, imparcialidad judicial, juez previamente establecido, prohibición de doble juzgamiento, carga de la prueba, protección de la víctima, exclusividad de la investigación penal, fundamentación, motivación e interpretación conforme a la Constitución y a los tratados internacionales suscritos por México, prohibición de comunicación ex parte, oralidad, publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
El sistema acusatorio, garantiza -nos dijeron- no solo procesos dinámicos y eficaces, pues más allá de suprimir muchos trámites burocráticos, también otorga trato digno y respeto a los derechos humanos, tanto de las víctimas, quienes obtendrán efectivamente la reparación integral del daño, como de los imputados, que gozarán en todo el proceso, de la presunción de inocencia y un defensor público profesional, en caso de no contar con un abogado particular.
Entre las novedades que planteó la reforma, destacó la implementación de salidas no controversiales en la búsqueda de solucionar los conflictos sin necesidad de recurrir a una instancia judicial resolutora.
A ocho años de la implementación del sistema penal acusatorio en Baja California Sur, podemos afirmar que estamos lejos de alcanzar las promesas planteadas, que las salidas alternas no están funcionando, que el sistema colapsa, los juzgados están saturados, y todo indica que los tres órganos de gobierno responsables de la implementación y consolidación del sistema han sido incapaces de resolver la problemática que generó el cambio de sistema de justicia penal en el estado.
A diferencia de otras entidades donde la tecnología, capacitación constante de los operadores, sistemas de evaluación y actualización han permitido importantes avances en la administración de justicia, nuestra entidad se encuentra inmersa en una vertiente creciente de carga laboral burocratizada que tiene al borde del colapso todo el sistema.
La joya de la corona en el sistema acusatorio es el sistema de solución de conflictos, y no está operando, ni parece que lo hará.
La eficacia de las salidas alternas radica en gran medida en la selección capacitación y certificación de personal con el perfil adecuado para desempeñarse como mediadores y facilitadores en conflictos existentes entre particulares, pero a la fecha, el cargo es ocupado por personas que en su mayoría carecen del perfil adecuado y la vocación operativa que el encargo requiere.
El resultado: La saturación de la carga de trabajo en las agencias del Ministerio Público, cuyo personal, insuficiente, mal pagado y en su mayoría carente de experiencia y con limitadas herramientas de trabajo, a duras p***s cubren la cuota mínima de judicializaciones que les es estadísticamente requerido, y se termina por cubrir más dichas estadísticas, que por atender a la ciudadanía.
La sobrecarga de trabajo repercute en la asignación de volúmenes de expedientes que llegan a los juzgados, conformados en su mayoría, por casos que bien pueden y deberían ser resueltos en la etapa de solución alterna.
Como los mecanismos alternos de solución de conflictos no están funcionando, los jueces deben atender casos que bien pueden y deben terminar con un arreglo entre las partes.
Así las cosas, jueces y personal de juzgados, con sueldos por debajo de la media nacional, deben enfrentar cargas de trabajo superiores a la capacidad que cuentan para enfrentarlos con la limitación de recursos con que tienen que afrontar día a día sus tareas.
Revictimización, impunidad, excesiva prisión preventiva, largos periodos que deberían ser breves entre etapas procesales, violación sistemática a los principios de concentración y continuidad, hacen de la administración de justicia penal una maquinaria que genera más injusticia que eficacia.
Irónicamente, el Tribunal Superior de Justicia del Estado, cuenta con un Centro de Justicia Alternativa, que brinda servicios gratuitos de mediación y conciliación entre particulares, cuyo personal cuenta con una de las calificaciones más altas en el país.
Es increíble que la principal falla del sistema penal sea la inoperancia de las salidas alternas, mientras el Tribunal de justicia estatal cuenta con un centro de justicia alternativa que cuenta con mediadores altamente calificados.
La mejor herramienta humana para resolver el principal problema en materia de justicia penal no es debidamente utilizada.
¿Qué tenemos que hacer, desde la trinchera ciudadana, para que los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial se apliquen a resolver el grave problema que significa la deficiente administración de justicia penal?.
En el ámbito de sus atribuciones, deben aplicarse para replicar el modelo del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial y dotar de recursos suficientes a toda la estructura operativa relacionada con la prevención, contención, procuración y administración de justicia.
Solo así se contendrá el colapso que enfrenta en la entidad, la sana impartición de justicia penal.

VOTAR ENTRE BALAS
El crimen organizado no puede existir ni operar con éxito si no cuenta con algún grado de protección estatal.
En diez años, casi se triplicó el uso de esta violencia contra actores políticos de alto perfil. Los objetivos son diversos: multiplicar y consolidar las redes de protección para el crimen organizado, debilitar el sistema de seguridad y justicia, ampliar el acceso de los grupos criminales a recursos económicos, recopilar información sobre los territorios, entre otros.

Conferencia magistral Implicaciones de las decisiones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada en el contexto de la desaparición forzada de personas en México
Imparte: Juan Pablo Albán Alencastro, Integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas
Presenta: Alejandra Rabasa Salinas, Titular de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la SCJN