Ana María Olvera

¿QUÉ FUTURO ESTAMOS LABRANDO PARA LAS NUEVAS GENERACIONES?

Por: Aquiles Córdova Morán

Resulta difícil, para quienes no hacemos investigación directa, hacerse una opinión firme y segura sobre lo que sucede en el país, sobre todo en cuestiones tan delicadas y trascendentales como la seguridad pública, la educación y la salud de los mexicanos, pero particularmente la de niños y jóvenes en edad de estudiar. Sucede que siempre que la información de los medios resulta dañina o desfavorable para la imagen del Gobierno, este sale a descalificarlos acusándolos de falsear o exagerar los hechos para favorecer los intereses de los “conservadores” y los “neoliberales” corruptos que buscan sacarlo del poder. Lo más que podemos hacer los ciudadanos de a pie es diversificar, tanto como podamos, nuestras fuentes de información. No es suficiente, pero al menos demuestra nuestra buena fe.

Empiezo con la violencia. El 18 de agosto, Marcos González Díaz, corresponsal de BBC News Mundo, tituló así su nota: “«Ciudadanos como rehenes», el recrudecimiento de la violencia contra civiles por parte del narco en México”. En la parte atinente a mi tema escribe: “…el crimen campó a sus anchas por Ciudad Juárez, tras una batalla originada en prisión entre grupos locales rivales que después se extendió a la ciudad y acabó con un saldo de 11 mu***os en la que (sic) la población civil fue el principal blanco de esta masacre… Ante (esto), el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó esta semana a opositores y medios de comunicación de utilizar lo ocurrido para generar incertidumbre y desestabilización entre la ciudadanía, y aseguró que con nada menos que 196 asesinatos de viernes a domingo en todo el país, el pasado «fue de los fines de semana, aunque parezca increíble, con menos homicidios»”.

González Díaz dice más abajo: “Lo que preocupa cada vez más es que… la población civil resulta cada vez más vulnerable al quedar prácticamente como rehén en el centro de estas disputas y ser objetivo directo de una violencia atroz e indiscriminada”. Luego aclara que no es la primera vez que sucede esto, “«Ya hubo eventos de este tipo en el pasado, pero lo que sí estamos viendo es un recrudecimiento de la violencia contra civiles. La semana pasada fue asesinado un niño, (negritas mías), vimos cómo incendiaban negocios con gente dentro, quemaban camiones… es innegable que esa violencia se está agudizando», le dice a BBC Mundo Javier Oliva, especialista en seguridad”. Creo que no es un exceso de suspicacia hacernos algunas preguntas sobre la nota citada: si quemaron tiendas con clientes en su interior, o unidades del servicio público de transporte, ¿resulta absurdo pensar que también había niños acompañando a sus madres o a un pariente mayor? ¿Es totalmente confiable la cifra de menores fallecidos en los ataques a la población civil?

Pero el daño no se reduce a esto. Según la información disponible, una buena parte de los que mueren en los enfrentamientos son jóvenes de entre 17 y 29 años, y otra parte importante son adultos, es decir padres de familia con toda probabilidad; y lo mismo cabe decir de muchas víctimas inocentes, que son padres y madres de familia. Hay que preguntarse, entonces, ¿cuántos niños y niñas quedan en la orfandad e irremediablemente traumatizados por la violencia feroz que los golpea? ¿Cuántos adolescentes y jóvenes, que deberían estar en la escuela, en la universidad o desempeñando un trabajo productivo, mueren lastimosamente en estos combates? En otras palabras: ¿de qué tamaño es el costo social que la violencia sin control está cobrando a los mexicanos, a sus ciudadanos de hoy y del futuro próximo? Nadie lo sabe con exactitud.

María Santacecilia, del portal alemán Deutsche Welle, informó el 18 de agosto: “Un reciente informe cuantifica el número de víctimas de homicidios entre menores en el primer semestre de 2022 en México (negritas mías). Son números que reflejan una dolorosa realidad de la que poco se habla”. Santacecilia comenta que son muy pocos los casos que llegan a las páginas de la prensa, como el de Jorge Luis Juárez López, de 13 años, asesinado en marzo en su domicilio de Xochitlán, Puebla; o el de un niño de 10 años que fue asesinado a finales de junio por “hombres armados” que entraron en su casa en la colonia La Villita, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Junto a él, hallaron el cadáver de su mascota, un perro.

Estos casos son garbanzos de a libra. “La gran mayoría quedan en el más estricto silencio… Solo en los primeros seis meses de 2022, hubo 1,272 homicidios contra menores de entre 0 y 17 años”. “Son cifras oficiales, nadie puede decir que maneja otros datos”, dice Santacecilia. “Aunque niños, niñas y adolescentes son un tercio de la población, más de 33 millones de seres humanos… no pareciera haber una conciencia respecto a esta realidad que está sucediendo en los barrios, en las rancherías, en los municipios, en las calles…” Esto dice Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), precisa Deutsche Welle. Uno de cada cuatro homicidios de niños, niñas y adolescentes ocurrió en los estados de Michoacán, Guanajuato y Zacatecas; esto tiene que ver con “disputas por territorio… Pero también son las condiciones que el crimen organizado encuentra por parte de las instituciones, y de los estados, donde «a menudo la coyuntura política facilita o dificulta la expansión de la violencia», concluye la experta”.

Son muchos los medios y reporteros que denuncian el creciente número de niños y adolescentes que, por voluntad propia o a la fuerza, se enrolan con el crimen organizado como simples espías, “burreros”, e incluso como sicarios. He visto fotografías de niños no mayores de 10 años, vestidos con harapos y con un cuerpo debilucho, portando un arma larga y con mirada que parece decir que la saben usar y están decididos a hacerlo. Son imágenes desgarradoras que deberían movernos a actuar como sociedad, especialmente al Gobierno, que tiene todo, incluida la obligación legal, para frenar esta catástrofe social.

Junto con el crimen organizado, hay otros factores negativos que explican tan terrible descomposición social. Cada vez que se acerca el día del niño o el del estudiante, llueven cifras y descripciones abrumadoras sobre la explotación del trabajo infantil, la falta de oportunidades para adolescentes y jóvenes y la situación de pobreza lacerante de sus familias, que los obliga a abandonar la escuela para trabajar en lo que sea con tal de contribuir al gasto familiar. En México estamos muy lejos de garantizar un empleo formal, con salario digno y verdadera protección social a toda la población económicamente activa, por lo que no sorprende que niños y jóvenes queden totalmente fuera del radar de patrones, Gobierno y autoridades laborales.

Y no es todo. El sistema de salud pública siempre gozó de mala fama por su falta de calidez, de prontitud en la atención de los pacientes y la carencia de especialistas competentes para los enfermos difíciles o graves. Con todo, representaba la única opción al alcance de la población de bajos ingresos. Pero llegó la 4T y suprimió de tajo el Seguro Popular, muy demandado de la gente, por cierto, y en su lugar creó el INSABI, cuya tarea era la cobertura universal gratuita y de calidad. Todos sabemos en qué paró el invento: hoy 35 millones de personas de bajos ingresos no tienen acceso a ningún tipo de medicina si no la pagan de su bolsillo. Es verdad que por declaraciones y promesas no paramos; una y otra vez el Ejecutivo Federal repite que hoy el servicio médico es universal y gratuito, pero en los hechos, los hospitales están saturados, resulta un milagro contar con el especialista adecuado; las medicinas y materiales de curación escasean y las cuotas “de recuperación” han subido de tal modo que resultan prohibitivas para los más pobres.

El portal cronica.com.mx del 27 de agosto informó que “Padres de niños con cáncer exigen por enésima vez abasto de medicinas”. “Al grito de «Quimios sí, desabasto no»… más de 350 personas… salieron desde el Auditorio Nacional con rumbo a Palacio Nacional, para exigir que se cumpla la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador quien, cuando ha tocado este tema en Palacio Nacional en sus conferencias, no se ha cansado de decir que los fármacos para niños con cáncer no faltarán”. Pero siguen faltando, como lo prueba la protesta mencionada. Así se cuida la salud de niños, niñas y jóvenes.

Y falta la educación. Los especialistas concuerdan en que la educación nacional, un derecho humano y constitucional básico, es zona de desastre. Los recortes al presupuesto respectivo se han sucedido año con año; el poco dinero destinado a infraestructura escolar se entrega a los padres de familia para que ellos lo inviertan a su leal saber y entender, sin ser ingenieros, arquitectos o pedagogos; se suprimieron las escuelas de tiempo completo que daban alimento y educación de calidad a varios millones de estudiantes de bajos ingresos. Ya antes de la pandemia éramos el penúltimo lugar entre los países de la OCDE, pero la Covid-19 agravó la situación con el cierre de las escuelas y el consiguiente rezago de los alumnos, en especial los más pobres, que carecían de las condiciones mínimas para recibir la educación a distancia. Aumentó la deserción escolar, que se estima en no menos de tres millones de jóvenes y niños. Y la SEP, lejos de volcarse en la atención del rezago y de la gigantesca deserción, se ha dedicado a crear un nuevo Marco Curricular y un Plan de Estudios 2022 para la Educación Básica Mexicana.

Carlos Elizondo Mayer-Serra, en REFORMA del 28 de agosto, cita textualmente del documento original: “En la educación pública obligatoria ha prevalecido un discurso que argumenta las desigualdades sociales, económicas y culturales sobre la base de cualidades individualizantes como son las «inteligencias», «competencias», «talentos», «facultades innatas», «dones», que tienen que ser estandarizadas y objetos de medición para distinguir a unos de otros bajo la lógica de que existen infancias inferiores que fracasan y otras que son superiores y destacan”. “Esto ha dado paso a un tipo de institución educativa que es valorada, no por su capacidad para enseñar, aprender y favorecer la construcción de relaciones educativas, pedagógicas, sociales y culturales, sino por su función distributiva de las trayectorias de las y los estudiantes, la cual se aboca preponderantemente a la formación de capital humano”.

Mayer-Serra no desdeña la importancia de “… inculcar valores, comprensión de la compleja realidad social, respeto por el medio ambiente y por la diversidad”. “Pero -añade- sin competencias sólidas en lectura, matemáticas y ciencias, no podrán tener una vida laboral ni cívica plena”. Más abajo explica el enfoque del nuevo Plan porque “…la ideología les impide entender cómo funciona el mercado de trabajo en el capitalismo. Esto es muy grave. Sin una población educada es imposible crecer en forma sostenida en un mundo de cambio tecnológico acelerado”. Esto es verdad. Los marxólogos de la SEP no entienden por qué el precio de las mercancías no lo fija cada productor individual, sino el mercado, ya que es aquí donde la sociedad convierte, mediante la oferta y la demanda, el trabajo individual en trabajo socialmente necesario y, en función de éste, fija el precio. Por tanto, ningún aprendiz de brujo puede imponer al capital el tipo de trabajador para sus empresas; y si repudia el carácter del profesional que demanda, no tiene más salida que derribar el sistema completo y sustituirlo por otro que sí se acople al tipo de profesional que a él se le ocurra formar. De lo contrario, creará un conflicto insoluble entre oferta y demanda de trabajo y, por tanto, paralizará la producción de bienes y servicios en perjuicio de la sociedad entera.

Violencia incontenible, pobreza familiar, carencia de acceso a la salud de calidad y, ahora, un Plan de Estudios que quiere someterlos al lecho de Procusto de sus prejuicios anticapitalistas sin romper con el capital, son las tres plagas que se abaten sobre nuestros niños y jóvenes en edad de estudiar. Por eso, termino repitiendo mi pregunta: ¿qué futuro estamos labrando para las nuevas generaciones? Pienso, con toda honestidad, que aquí hay un problema que debemos resolver entre todos, y no dejárselo solo al Gobierno si queremos salvar a nuestros hijos de un futuro de pobreza y atraso en todos los órdenes.

| La situación actual del estado de Durango

Pedro Martínez Coronilla

En el último censo poblacional (del 2020) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México rebasó los 126 millones de habitantes, para este año, otros organismos afirman que ya alcanzamos los 130 millones de mexicanos, lo que coloca a nuestro país en el número 11 en el mundo por el número de su población y somos la economía número 15 a nivel internacional. Sin embargo, la enorme riqueza creada por millones de trabajadores mexicanos, a la hora de repartir los frutos, provoca una enorme injusticia, pues los grandes oligarcas capitalistas en contubernio con el gobierno en turno, protegen las enormes ganancias y lo hacen de tres maneras, primera, frenar un verdadero aumento salarial que mejore la vida de las familias trabajadoras; la segunda, que los más ricos de este país no paguen los impuestos acordes con las grandes ganancias que acumulan y la tercera, que el presupuesto federal este destinado fundamentalmente para beneficiar a las grandes empresas y que se hagan los recortes necesarios para disminuir la inversión en obras para el pueblo, como es en Salud, Educación, vivienda e infraestructura básica.

Esta unión entre los capitalistas y la clase gobernante ha llevado a una situación desesperada para millones de mexicanos tanto de la ciudad como en el campo, México está en los últimos lugares con los peores salarios del mundo, los servicios de salud están colapsados por la pésima administración, no hay medicinas ni personal suficiente, ni equipo médico en hospitales y centros de salud, el desempleo, la inseguridad, y los altos costos de la canasta básica, solo se explican por las razones antes expuestas.

Esta situación nacional se refleja en cada uno de los estados de la república, en diferentes grados, en el caso de Durango, con una población de poco más de 1 millón 800 mil habitantes, según el último censo del INEGI, está considerado dentro los estados con más rezagos sociales, pero vayamos a los números.

Se considera a 715 mil 539 duranguenses en situación de pobreza, de esta cifra 79 mil 603, se consideran en pobreza extrema, según la definición de extrema pobreza, son los que sufren de dos o más carencias sociales, pero principalmente que el salario del trabajador no alcanza para darle los tres alimentos diarios a su familia, en situación de vulnerabilidad por ingreso se consideran a 228 mil 828 personas, quiere decir que su salario apenas le alcanza para medio llevar la vida, pero con cualquier percance que le presente, por ejemplo, la enfermedad de un miembro de la familia provoca el rompimiento de su economía familiar y a 430 mil 765 son vulnerables por carencias sociales, en total son cerca 1 millón 400 mil duranguenses que no tienen asegurado un bienestar para sus familias y representan el 74.36% de toda la población del estado.

De los 39 municipios en los que está dividido el estado de Durango, 13 de ellos disminuye su población y tenemos el caso extremo del municipio de San Pedro que cuenta con solo 1,633 habitantes, la razón es obvia, la población emigra de sus lugares de origen por falta de fuentes de empleo. Durango está dentro de los 11 estados más pobres del país, del norte es el que cuenta con la menor población, solo para darnos una idea, la ciudad fronteriza de Tijuana del Estado de Baja California, tiene más habitantes que toda la población del estado de Durango, según datos del Instituto Estatal de Atención al Migrante y su familia, asegura que en los Estados Unidos radican más de 1 millón de Duranguenses, por lo que es obvio que la obligación del estado de brindar trabajo a sus ciudadanos, el pueblo mismo lo ha resuelto, enviando las remesas a sus familias.

El censo de población y vivienda 2020, nos señala que en el estado existen 455 mil 989 viviendas, cerca de 30 mil viviendas no cuenta con agua potable, 79 mil no tienen drenaje, 7 mil 900 viviendas no cuentan con energía eléctrica, más de 22 mil viviendas tienen piso de tierra, más 12 mil sus techos son de material endeble y más de 74 mil sufren de hacinamiento.

En rezago educativo, el censo menciona que son 312 mil 984 niños y jóvenes del estado que sufren esta situación, más de 423 mil habitantes, no cuentan con servicios de salud y casi 350 mil durangueños no tienen acceso a una alimentación nutritiva y de calidad.

Ante esta situación tan alarmante, no encontramos la preocupación por atacar sus causas, el gobierno federal se ocupa y presume de que realiza recortes a los presupuestos que se deben dirigir a los más pobres, su política de austeridad está dañando a los más necesitados, cada vez queda más claro que este gobierno no es la solución que muchos esperaban.

Se requiere de una política de gobierno que tenga 4 ejes de acción; 1) que aumenten los salarios, lo necesario para que una familia tenga una vida digna, que el trabajador pueda alimentar, vestir y educar a sus hijos; 2) que se implementen las medidas necesarias para la creación de millones de empleos para que nadie se quede sin la posibilidad de contar con un ingreso; 3) que el gobierno rompa su pacto con los poderosos de este país y que los obligue a que paguen los impuestos acordes a sus fabulosas ganancias que obtienen con el sudor y el esfuerzo de los trabajadores; y 4) que lo recaudado de los impuestos se aplique en lo fundamental para el beneficio de los más marginados de este país, que se refleje en el aumento de los presupuestos en salud, vivienda, educación e infraestructura básica, solo con estas medidas podemos identificar a un gobierno preocupado por el bienestar del pueblo de México

en Twitter: https://twitter.com/PedroMtzCo/status/1564358175872192516?t=Dy2ImY8pRr2vkbwEtDIHlA&s=08

LA PARTIDOCRACIA

Por: Aquiles Córdova Morán

Hay quienes afirman que la llamada civilización o cultura occidental no vive en una democracia auténtica, como gustan de decir y repetir sus teóricos e ideólogos más conspicuos, sino en una partidocracia. ¿Por qué en una partidocracia? Porque son los partidos los únicos sujetos de derechos políticos, a diferencia del resto de la sociedad (es decir, lo que Gramsci llamó la sociedad civil) cuya participación en la vida política de sus respectivas comunidades nacionales se reduce a elegir, con su voto, entre las distintas opciones que tienen a bien ofrecerle los partidos. En breves palabras: su único derecho es el derecho a elegir amo.

Los partidos, en cambio, se reservan para sí todas las actividades que tienen que ver con la organización y funcionamiento del Estado, con la forma de gobierno que dicho Estado debe tener, con la estructura e integración del mismo, con los servicios y actividades que debe prestar y desempeñar, con la reglamentación de todos los aspectos fundamentales de la vida de los ciudadanos y, ante todo y sobre todo, el derecho a disputar el poder político de la nación y a proponer candidatos para ocupar todos, absolutamente todos, los llamados “puestos de elección popular”. En estricto sentido, los funcionarios de una democracia occidental no salen del seno de toda la sociedad ni el programa de gobierno que enarbolan expresa las aspiraciones y demandas de la misma. Los elige su partido, y su plan de trabajo sintetiza la ideología y los intereses de los militantes de éste. Consecuentemente, el gobierno conformado por ellos no representa a la sociedad en su conjunto sino al partido que los llevó al poder. De ahí el nombre de partidocracia.

El gobierno de los partidos es una falsa democracia; niega en los hechos la esencia de ésta última que es, precisamente, el derecho del pueblo a participar, abierta y libremente, en la conformación del equipo de hombres que deben gobernarlo y, sobre todo, en la toma de aquellas decisiones trascendentes que impactan de modo decisivo la vida y el bienestar de toda la ciudadanía y que cambian el rumbo del país en cuestión. Sin embargo, cuando la formación económico-social en que actúan los partidos funciona aceptablemente bien, los ciudadanos comunes y corrientes no sienten la necesidad de participar directamente en los asuntos públicos, no sienten la urgencia de tomar en sus manos, sin ningún tipo de intermediarios, la discusión y la solución de los problemas más graves y urgentes que los acosan. En tales condiciones, la partidocracia juega bien su papel de encauzadora de las inquietudes masivas y su dominio es tolerado, y hasta aplaudido a veces, por las grandes masas populares a quienes mutila y conculca sus derechos.

Las cosas cambian cuando el modelo económico-social no responde, aunque sea en mínima medida, a las aspiraciones y necesidades populares; cuando el denominador común es la pobreza, la marginación, la ignorancia, la insalubridad, el hambre y la injusticia social en todas sus formas y manifestaciones. Entonces la partidocracia, con su insistencia en el respeto irrestricto a las viejas leyes y tradiciones que le dan vida, con sus intentos por reforzar y endurecer su monopolio sobre los órganos y mecanismos esenciales del gobierno, muestra su verdadera esencia, su carácter de camisa de fuerza que pretende contener el surgimiento de nuevas formas de organización popular y de creativas formas de lucha social, que buscan paliar las difíciles condiciones de vida en que se desenvuelven las grandes mayorías trabajadoras y desempleadas. En tales condiciones, la partidocracia, en vez de mostrarse flexible y evolutiva, se cierra totalmente a cualquier manifestación política que no esté controlada por ella y que, a su juicio, represente una competencia y ponga en riesgo su dominio. Surge entonces una santa alianza entre los partidos preexistentes con el fin de impedir la creación y el desarrollo de nuevos partidos políticos que les disputen el poder, o lo que pudiera considerarse como un embrión de los mismos. La consigna parece ser: “ya estamos completos; el pastel ya está repartido y no hacen falta más comensales; nuevos partidos sólo generarían desequilibrios e intranquilidad social y, por tanto, deben ser prohibidos terminantemente”.

Sale sobrando decir que, semejante postura, no es sólo lógicamente incongruente por cuanto niega a otros el mismo derecho que reclama para sí, sino, lo que es más grave, políticamente errónea porque, al cerrar la puerta de la lucha política legal a los inconformes, a quienes, por una u otra razón, no se sienten representados por los partidos existentes, los reduce a la desesperación, a la impotencia y, por tanto, los obliga a buscar caminos fuera de la ley para dar curso a sus inconformidades. Desde mi punto de vista, no andan muy desencaminados quienes afirman que la proliferación de grupos que se autodenominan guerrilleros no es solamente el resultado de la tremenda injusticia social que priva en el país y de la miopía y dogmatismo trasnochado de los dirigentes de estos movimientos, sino también de la escasa flexibilidad que muestra el sistema para permitir la formación y libre actuación de nuevas corrientes políticas no enmarcadas en los partidos políticos tradicionales.

Sostengo, por eso, que nadie le hace tanto daño al sistema, que nadie atenta tanto contra la paz social y la tranquila convivencia de los mexicanos, como aquellos funcionarios que se niegan a dialogar con organizaciones sociales autogestionarias, que demandan servicios y derechos elementales de sus agremiados en un intento por atenuar la injusta distribución del ingreso nacional, simplemente porque no pertenecen a su partido o porque ven en su accionar un desafío a su poder omnímodo y a su sagrada investidura. Que los mejores aliados de la guerrilla, quienes más firmes argumentos les prestan a sus ideólogos, son aquellos funcionarios que atacan y persiguen, como si se tratara de peligrosos delincuentes, a los ciudadanos organizados que les demandan solución a sus problemas argumentando que, lo que en realidad buscan, es conquistar el poder que ellos detentan. Como lo puede discernir una mente sana, ese modo de razonar huele a paranoia, pues no necesariamente todo el que actúa, sobre todo si lo hace con banderas reales y legítimas, busca conquistar el poder político. Pero aunque así fuera ¿dónde está el delito? Si buscar el poder por los caminos previstos por la ley es un crimen, entonces los primeros criminales serían los funcionarios que lo poseen actualmente y los partidos que los ayudaron a conseguirlo.

El buen consejo diría que, mientras más difícil se muestra la situación económico-social de un país, mayor flexibilidad y voluntad de cambio deben mostrar quienes lo gobiernan, mayor disposición a escuchar y abrir campo a las fuerzas inconformes, de modo que estas no tengan pretexto alguno para apartarse de los caminos de la ley. Desgraciadamente, en los hechos ocurre todo lo contrario.

Quienes hoy comparten la responsabilidad de gobernar al país, no deberían olvidar que la verdadera democracia es aquella que otorga a éste, en los hechos y no solo con palabras, el derecho a modificar su forma de gobierno, sin alterar la esencia del Estado, sin más requisitos que aquellos que la propia ley establezca. Democracia que no permite la actuación libérrima del pueblo, empezando por respetar su derecho a organizarse como a sus intereses convenga, es una democracia en el nombre pero una dictadura en la práctica. Quienes atacan a la organización popular son dictadores en potencia.¡Cuidado con ellos!

¿REALMENTE SABEMOS TODO SOBRE NARCOTRÁFICO?

Por: Aquiles Córdova Morán

Hay una conmoción generalizada por la ola de violencia que azotó el centro-norte del país en la semana que acaba de terminar. Según el reportero Ricardo Raphael, en MILENIO del 15 de agosto, "La Secretaría de la Defensa Nacional filtró que, el pasado 10 de agosto, sus efectivos estuvieron a punto de aprehender en Ixtlahuacán del Río, Jalisco, a dos… líderes (del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG): Ricardo Ruiz Velasco alias el RR y Gerardo González Ramírez El Apá”. Por su lado, EL FINANCIERO de la misma fecha dijo que hubo 341 personas asesinadas “en todo el territorio nacional” según “datos oficiales del Gobierno de México”. En el lapso comprendido entre el miércoles 10 y domingo 14 se produjeron, además, actos de violencia como “narcobloqueos en avenidas y tramos carreteros; quema de vehículos particulares y del transporte público; establecimientos comerciales incendiados, así como agresiones directas a tiros contra la población civil”.

Algunos especialistas ven en estos hechos un desafío al Gobierno de la República y un propósito deliberado de aterrorizar a la población civil. El desafío al Gobierno sería la reacción de los cárteles ante lo que ven como un abandono silencioso de la estrategia de “abrazos, no balazos” por golpes más certeros y contundentes en su contra, como la detención de Rafael Caro Quintero y el reciente intento de captura del RR y El Apá. El ataque a la población civil buscaría mostrar su poder y el daño que pueden causar al país si se insiste en perseguirlos y en tratar de aniquilarlos. Los expertos no se ponen de acuerdo sobre si esto es narcoterrorismo o simplemente “táctica terrorista”, pero no dudan de que el crimen organizado da un paso más en su intento por controlar al país entero.

Todo esto ha provocado la reactivación de las críticas contra la estrategia de seguridad del Gobierno y la reiteración de propuestas que van de la simple introducción de cambios a la reformulación radical total de dicha estrategia. Creo que hay razones de sobra, a estas alturas, para exigir una nueva, más seria y profesional estrategia de seguridad; pero entre las alternativas que se ofrecen, no encuentro ninguna que no se haya ensayado ya, parcial o totalmente, en administraciones pasadas en las cuales han demostrado que tampoco son la solución que necesitamos. Pareciera que, a fuerza de oír siempre lo mismo, hemos perdido el sentido crítico, analítico, capaz de advertir las inconsistencias y falsedades de esos planteamientos, algunas de las cuales son suficientemente evidentes y abultadas como para pasar desapercibidas.

¿Es creíble, por ejemplo, que un negocio de alcance mundial, que produce cientos de miles de millones de dólares y cuenta con un poderoso ejército de sicarios armados y entrenados al último grito de la moda, dependa enteramente de unos personajes cuasi-analfabetos que viven, además, en la más rigurosa clandestinidad o a salto de mata, como “El Mencho”, “El Chapo” Guzmán, “El Señor de los Cielos”, Amado Carrillo, o los hermanos Arellano Félix, por dar solo algunos de los ejemplos más sonados? ¿De dónde sacan tiempo, sabiduría, capacidad de organización y de mando para disciplinar, entrenar y enseñar el manejo de las armas a su gente? ¿Cómo aprendieron a manejar, con tanta o más destreza que un banquero de Wall Street, los cientos de miles de millones de dólares que se dice les produce el negocio de la droga? ¿Cómo consiguen armas en la cantidad y calidad que exhiben y cómo las introducen al país y hasta los sitios más recónditos donde operan? ¿Cómo crean grandes empresas de alta complejidad técnica para lavar su dinero? Y todo esto permaneciendo rigurosamente ocultos en rincones secretos o en zonas inaccesibles para escapar a la persecución de la fuerza pública. ¿No resulta evidente que detrás de ellos hay manos más poderosas e influyentes que manejan todo el tinglado?

Tampoco resulta muy claro eso de que “introducen” en EE. UU. cientos de toneladas de co***na, morfina, metanfetaminas, “cristal”, ma*****na, etc., de modo que lleguen a las calles de las grandes ciudades norteamericanas y a los consumidores individuales. ¿Cómo, en el país de la inteligencia y el espionaje más refinados del mundo, se cuelan hasta la cocina los artesanales capos mexicanos? ¿Por qué no conocemos acá, en México, a ningún pez gordo de los distribuidores de la carga de allá, y menos alguno que esté purgando una sentencia por sus crímenes? ¿Por qué, cuando se descubre un túnel para el trasiego de droga en nuestra frontera norte (últimamente parece que este medio ha sido abandonado) no se nos dice nunca dónde desemboca en el otro lado ni quiénes son los cómplices que reciben allá la droga? ¿Por qué el país más rico y de mayor desarrollo científico del mundo no logra abatir, y menos erradicar el consumo de droga entre sus jóvenes? Nada sabemos de esto y nadie parece inquietarse por ello.

Tales preguntas, alguna (o todas) de las cuales quizá se deban a mi ignorancia y falta de información, son las que me llevan a dudar de que haya una verdadera lucha contra las dr**as. Y son también la explicación, a mi juicio, de los reiterados fracasos de las estrategias de Gobierno que han querido combatir eficazmente el narcotráfico. Ninguna, ni antes ni después de la fallida guerra de Felipe Calderón, ha sido capaz, siquiera, de reducir de manera apreciable el gravísimo problema. Y menos que ninguna, esa simpleza fútil de los “abrazos, no balazos”. Para colmo de males, el cambio silencioso de que se habla, en caso de ser cierto, será un fracaso mayor, con un mayor costo en vidas, como lo estamos viendo ya, simplemente porque es un retorno al pasado, a un pasado donde resultaron, por lo menos, inútiles.

A mi juicio, para poder crear y proponer algo realmente nuevo y esperanzador, hace falta un replanteamiento completo del problema, poner al desnudo sus auténticas raíces y dimensión, sus causas genuinas y los verdaderos intereses que se esconden detrás de los “capos” que juegan el papel de pantalla de los verdaderos dueños y beneficiarios del negocio. Comencemos por recordar que, según la mayoría de los investigadores, todo empezó a principios del siglo pasado cuando, debido a la demanda de morfina y co***na por la industria farmacéutica de EE. UU. que la enviaba al frente en la Primera Guerra Mundial (1914-1918) por ser un poderoso anestésico para los heridos. El fenómeno se repitió en mucha mayor escala en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). En resumen, pues, el cultivo de amapola y la exportación de goma de opio, en México y en varios países de América Latina y el Caribe, fue resultado de la demanda de las empresas farmacéuticas norteamericanas encargadas de abastecer el frente en las dos guerras mundiales.

Terminado el conflicto, la producción y exportación de la droga, lejos de extinguirse, se multiplicó aceleradamente porque los soldados que volvían del frente habían contraído el hábito de consumirla para soportar las duras condiciones de la guerra e inevitablemente difundieron ese consumo entre los jóvenes norteamericanos. Pronto se hizo evidente que allí había un rico filón de oro que había que controlar y explotar por parte de los grandes negociantes. El Gobierno lo entendió también y colaboró activamente en el negocio declarando “ilícito” el consumo y el tráfico de estupefacientes. El efecto inmediato fue que el precio de la droga se fue a las nubes y las ganancias se elevaron exponencialmente. Y hay pruebas de esto. Está documentada, por ejemplo, la complicidad de la CIA con los productores de amapola y opiáceos en Laos y Vietnam del Sur, durante la intervención norteamericana en Vietnam; el activo papel de la misma CIA en México, para abrirle paso al tráfico de co***na colombiana hacia EE. UU. con objeto de conseguir dinero para armar a la contra nicaragüense, ya que el Congreso había negado a Reagan los fondos que había solicitado.

Hay pruebas de que la DEA lavó dinero del cártel de Sinaloa, y que fue la Oficina de Control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) la que armó el proyecto para surtir a ese mismo cártel con misiles y fusiles de alto poder para derribar aviones y helicópteros. Muchos investigadores han probado que el cultivo de amapola en Afganistán, en las dos décadas que duró el dominio norteamericano, pasó de 8 mil hectáreas en 2001 a 224 mil hectáreas en 2020. Al mismo tiempo que el tráfico de dr**as ha cobrado por sobredosis la vida de más de 100 mil jóvenes norteamericanos y cientos de miles de asesinatos en América Latina, “…las instituciones bancarias con sede en Wall Street, la City de Londres y otros centros financieros internacionales se hinchan de ganancias lavando cientos de miles de millones de dólares año tras año”, por ejemplo, “JP Morgan… le guardó mil millones de dólares al mafioso ruso Semion Mogilevich”.

“Más escandalosa es la historia de Wachovia, una entidad financiera propiedad de Wells Fargo con sede en Charlotte, Carolina del Norte, que lavó 378 mil millones de dólares a diversos cárteles mexicanos”. Por este delito recibió una sanción de 110 millones de dólares, es decir, el 1% de las ganancias obtenidas en la operación. Además: “la guerra contra el narcotráfico le ha aportado a Estados Unidos enormes beneficios para su industria armamentista y grandes márgenes para intervenir en los asuntos internos de los países a los que se ha impuesto esa estrategia, particularmente Colombia y México…” (datos numéricos y citas textuales proceden de rebelion.org del 13 de agosto de 2022). En resumen, pues, el narcotráfico genera tres tipos de ganancias esenciales a EE. UU.: cientos de miles de millones de dólares para su economía; jugosas ventas de armas a los cárteles y predominio político en América Latina y en el Lejano Oriente. Este es el verdadero secreto de su vitalidad y de la aparente imposibilidad de hallar una estrategia eficaz para su combate.

Contra esto, ¿para qué sirvió la guerra de Calderón? En realidad, para favorecer el negocio de los fabricantes de armas norteamericanos, ya que esa guerra incrementó la necesidad de los cárteles de disponer de más y mejor armamento para enfrentar al ejército. ¿Y los “abrazos no balazos” junto con las tarjetitas del bienestar y las becas Benito Juárez de AMLO? “Para investigadores como Edgardo Buscaglia (…) el problema del narcotráfico en México es exponencialmente mayor que el que vivió (Colombia) durante la época de Los Extraditables y Pablo Escobar, ya que se transformó en una «mafiocracia» que funge como un Estado paralelo al Gobierno mexicano”. “…la «mafiocracia» mexicana «es una telaraña criminológica más compleja que la colombiana», pues «ha diversificado a delitos complejos mucho más graves que el simple tráfico de dr**as»”· Para este investigador “…políticos, narcotraficantes y empresarios viven en un «pacto de impunidad mafioso» que impide el verdadero combate a la corrupción, la auditoría a partidos políticos y la investigación a fondo de redes de lavado de dinero que operan fuera del sistema bancario (como lo son las propias farmacéuticas o la industria joyera)”.

“«López Obrador… subió al poder anunciando que iba a aplicar una amnistía anticipada a los políticos involucrados en delitos, ahora lo tradujo en abrazos no balazos. Lo cierto es que la corrupción al más alto nivel en México no se combate»”. “En este contexto, el presidente mexicano en turno se vuelve «gerente operativo de la mafiocracia mexicana…»” “«México ha vivido en un show de simulación de combate a la delincuencia organizada, en gran parte estimulado por Estados Unidos, que pretendía descabezar a las organizaciones criminales». Esta simulación llega a niveles en los que se organizan «operativos que nacen mu***os», es decir, con pocos militares y pocas armas que, en poco tiempo, se ven superados por las fuerzas de las organizaciones criminales”. Ejemplo, la captura y posterior liberación del hijo del “Chapo” Guzmán, Ovidio Guzmán, en febrero de 2019, (todas las citas son de Mariano Yberry, SPUTNIK, 6 de agosto de 2022).

Así las cosas, si volvemos la mirada al origen del problema, al momento en que se convirtió en un gran negocio, la solución queda a la vista: hay que suspender la decisión de Estado de declarar ilícito el tráfico y consumo de dr**as, que solo vuelve más atractivo el negocio. Como dijo el actual presidente de Colombia: hay que sacar el consumo de dr**as del terreno militar y judicial y llevarlo al terreno de la salud pública. ¿Por qué nadie se atreve a hacerlo? Porque sabe que chocaría de frente con los intereses de la mafia norteamericana y eso significaría, tal vez, el bloqueo o la invasión. La lucha contra el narcotráfico está indisolublemente ligada, por eso, a la lucha antimperialista por la liberación de los pueblos del tercer mundo. Mientras tanto, queda aplicar rigurosamente el Estado de Derecho que AMLO ha sustituido por la simpleza de los abrazos en lugar de los balazos. Y así nos está yendo. Es hora de reaccionar.