Bufete Ariel O. Caro Perez, CSP

El Tribunal Supremo ha resuelto recientemente un importante caso sobre impericia notarial y la acumulación contingente de la acción en contra del notario por sus actos de impericia profesional junto a la reclamación principal de nulidad de una escritura autorizada por él. En Inmobiliaria Baleares, LLC y otros v. Sheila Li Benabe González y otros, 2024 TSPR 112 (Oronoz, J.) el tribunal repasa las normas de responsabilidad por impericia notarial y las normas procesales de acumulación de partes indispensables, no indispensables, permisibles y contingentes que disponen nuestras reglas de procedimiento civil.
En un caso donde se alegó que la nulidad de una escritura de compraventa se debió a la negligencia profesional del notario, se acumuló la reclamación en daños y perjuicios en contra del Notario de forma contingente a la acción principal de nulidad de la escritura. El foro inferior desestimó sin perjuicio la acción en contra del Notario basado en la normativa jurisprudencial de que el notario no es parte indispensable en los pleito de nulidad de la escritura autorizada por dicho funcionario público.
El Tribunal Supremo, por voz de la Jueza Presidenta Oronoz, revoca y, aunque reafirma la norma de que los notarios no son partes indispensables en dichos pleitos, “la acumulación no indispensable o permisible de una parte en un pleito no justifica la desestimación de la causa de acción en su contra”. Dispuso que “queda dentro de la discreción del tribunal determinar si, en consideración a las particularidades del caso, es deseable que se incluya a la parte en el pleito con el propósito de conceder un remedio completo y final”. Añadió que esa “discreción se debe ejercer mediando una interpretación liberal a favor de la acumulación”.
Acotó el Alto Foro que “en nuestro ordenamiento no hay impedimento alguno para que se presenten dos reclamaciones distintas, una principal y una contingente, en una misma demanda... , esto es “usual y corriente en la práctica procesal, y la única limitación es que el tribunal no la podrá resolver hasta que ventile la reclamación principal de la cual depende, o sea, hasta que la sentencia en la acción principal advenga final y firme”.
Se reitera que el notario autorizante no es una parte indispensable en esos pleitos, por lo cual no procede anular una sentencia que se dictó sin su presencia. Sin embargo, se establece como norma que una parte que solicita que un Tribunal declare la nulidad de una escritura, tiene la prerrogativa de incluir en la demanda al notario o a la notaria autorizante. Aunque no sea una parte indispensable, el tribunal podría autorizar su inclusión y prorrogar la resolución del pleito contingente hasta tanto haya resuelto el pleito principal siempre y cuando las alegaciones en contra del notario surjan de una misma serie de hechos y compartan cuestiones de derecho con la acción principal.
Finalmente el Supremo concluye que con ello se propicia la resolución de la totalidad de la controversia en un solo pleito, sin obligar a la parte agraviada a presentar múltiples demandas.

En Otero Rivera Recurrida v. Bella Retail Group, Inc., 2024 TSPR 70, el Tribunal Supremo (Hon. Feliberti Cintrón, Juez) determinó que no procede la imposición de responsabilidad solidaria en casos de resolución de contrato bajo la ley especial de Ventas a Plazos y Compañías de Financiamiento (Ley Núm. 68 del 19 de junio de 1964, según enmendada). En consecuencia, resolvió que una vez resuelto el contrato, en este caso por los múltiples defectos del vehículo de motor, cada parte deberá devolver lo que le corresponda: (1) el vendedor del vehículo de motor deberá devolverle al consumidor cualquier dinero por concepto de depósito o “trade in”, si alguno, y devolverle a la entidad financiera el dinero recibido del préstamo; (2) la entidad financiera deberá devolverle al consumidor los pagos mensuales efectuados por el financiamiento del vehículo de motor, y (3) el consumidor deberá devolverle al vendedor el vehículo de motor.

El Tribunal Supremo acaba de resolver en el caso Ruiz Mattei v. Commercial Equipment Finance, Inc., 2024 TSPR 68, que los reclamos por despido injustificado al amparo de la Ley 80 y de discrimen en el empleo bajo la ley 100 son transmisibles a los herederos del obrero fallecido. Razonó el tribunal que ambas leyes son de carácter reparador y las cuantías que ofrecen como compensación por los daños son de carácter patrimonial por lo que eso forma parte de la herencia. Además, la sucesión no intenta reclamar sus propios daños, sino que busca que se compensen los de su causante. Dispuso, que procede la sustitución de parte para que los integrantes de la sucesión continúen el pleito comenzado por el obrero. Nos parece una muy correcta y elaborada opinión emitida por el Hon. Rafael Martínez Torres.