Antonio De La Cruz

🔴En Venezuela, la inacción no es una opción🔴

“Un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después; un ejército derrotado lucha primero e intenta obtener la victoria después”. Sun Tzu

En el complejo panorama político internacional, pocos conflictos contemporáneos ilustran de manera tan clara un «juego de guerra» como la crisis en Venezuela. Este marco analítico permite desentrañar las dinámicas de poder y los movimientos estratégicos de los actores involucrados, revelando tanto las intenciones que guían sus acciones como las posibles consecuencias de sus decisiones.

El conflicto venezolano es protagonizado por tres actores clave con intereses profundamente divergentes. En primer lugar, el régimen de Nicolás Maduro, que ha manipulado el proceso electoral y ha utilizado el Tribunal Supremo de Justicia y la judicialización política con el objetivo de perpetuar su poder. Esta estrategia es un clásico ejemplo de la política autoritaria, en la que las elecciones no son más que una herramienta para mantener una fachada de legitimidad mientras se reprime cualquier desafío real.

Frente a Maduro, las fuerzas democráticas venezolanas, liderada por figuras como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, desempeñan el papel del desafiante. Su misión ha sido clara: documentar y denunciar las irregularidades del proceso electoral para deslegitimar al régimen, no solo ante el pueblo que salió a votar el 28J y conoce el contenido de las actas de escrutinio que Maduro y todos los poderes “serviciales” han querido ocultar, sino ante la comunidad internacional, lo que traería como consecuencia el reconocimiento de los resultados electorales y el apoyo necesario para lograr el cambio deseado. Sin embargo, la lucha de la oposición es ardua, impulsada por la verdad, la disciplina y el amor. A pesar de la organización y movilización ciudadana, tanto dentro como fuera del país, corre el riesgo de ser silenciada o marginada si el respaldo internacional no es contundente.

El tercer actor en este escenario es la comunidad internacional, con un enfoque particular en la administración Biden-Harris. A pesar de su capacidad para influir significativamente en la situación a través de sanciones y presión diplomática, hasta el momento ha preferido estar detrás de bambalinas, dejando a los gobiernos de México, Colombia y Brasil liderar la solución sobre el golpe electoral a la soberanía popular. Esta actitud genera incertidumbres sobre su compromiso con la restitución de la democracia en Venezuela, especialmente en un contexto donde cada día que se pasa gobernado por Maduro, el sufrimiento del pueblo venezolano se profundiza.

Ante un rechazo tan abrumador, incluso en regiones que eran bastiones del chavismo, el candidato a la reelección se apuró en cumplir lo que había advertido de que no entregaría el poder ni por las buenas ni por las malas. Para distraer la atención de lo ocurrido montó una ópera bufa y acudió al TSJ para robarse la elección, intimidar y violar los derechos humanos, pero la oposición demuestra su ilegitimidad de origen con la presentación de las actas e informes de los observadores del Centro Carter y la ONU. Sin embargo, la respuesta de la comunidad internacional ha tenido, hasta ahora, un enfoque más flexible y abierto al diálogo, reflejando una aprensión comprensible a las posibles repercusiones de una línea dura, como el aumento en la migración venezolana. Este temor, aunque válido, no puede justificar la inacción frente a una dictadura con mano de hierro en Venezuela.

Al analizar los posibles movimientos estratégicos, se observan varias opciones. Maduro seguiría endureciendo las medidas represivas y buscaría fortalecer sus alianzas internacionales con actores como Rusia o China para contrarrestar las sanciones de Occidente. La oposición, por su parte, intensificaría sus esfuerzos para seguir movilizando a la comunidad internacional y la lucha no violenta, formando coaliciones contra el madurismo más amplias tanto dentro como fuera del país y utilizaría la desobediencia civil para aumentar la presión interna. Mientras tanto, la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos y sus aliados, enfrenta un dilema crucial: escalar la presión sobre el régimen de Maduro mediante sanciones individuales y económicas más severas, como la revocación o suspensión de la licencia de Chevron; o continuar con una postura moderada, preocupados por el supuesto impacto de las medidas que podría desencadenar una crisis migratoria masiva.

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Cada una de estas opciones conlleva riesgos significativos. Mantener la represión y el control social engrosaría la lista de crímenes de lesa humanidad del régimen de Maduro y afectaría directamente sus fuentes de financiamiento como consecuencia de la caída de la exportación de “crudo de sangre”. Ante esta realidad buscaría la ayuda de regímenes dictatoriales como Rusia, China e Irán. Para la oposición, la falta de un apoyo internacional contundente podría acabar consolidando el poder de Maduro que está en sus últimas etapas, habiendo perdido contacto con la realidad. Por último, para Estados Unidos y sus aliados, un fracaso del aumento de la presión desataría una crisis migratoria de gran escala, pero la inacción perpetuaría la crisis humanitaria y la desestabilización regional.

La comunidad internacional debe adoptar una estrategia más contundente, similar a la empleada contra Putin cuando invadió Ucrania en febrero de 2022. Debería realizar un «ataque preventivo», en forma de sanciones severas para evitar un mayor deterioro de la situación en Venezuela. No obstante, este enfoque no está exento de riesgos, entre ellos una posible escalada del conflicto y consecuencias humanitarias no deseadas. Sin embargo, la alternativa de dejar pasar podría ser aún más peligrosa, beneficiando a Maduro y aumentando la miseria de la población venezolana.

La situación en Venezuela es, sin duda, un conflicto de alta complejidad en el que las decisiones de cada actor tienen consecuencias estratégicas profundas. En la defensa de la soberanía popular, el tiempo es crucial y la inacción solo perpetuará la crisis. La comunidad internacional debe actuar oportunamente con determinación y firmeza para restituir la democracia en Venezuela y reafirmar la esperanza de un pueblo que ha sido sistemáticamente privado de su derecho a un futuro libre y próspero. La libertad y la democracia en Venezuela no son solo un objetivo demandado por la gran mayoría del pueblo venezolano -67% votó por un cambio-, sino una necesidad urgente para evitar un desastre humanitario aún mayor. Repito, la inacción no es una opción.

🔴La elección de Estados Unidos: pesimismo vs superficialidad🔴

En las elecciones presidenciales de 2024, Estados Unidos se encuentra en una encrucijada política marcada por dos narrativas que reflejan los extremos del espectro emocional y político del país. Por un lado, la campaña de Kamala Harris se presenta como una versión política de Barbie, con un enfoque en la alegría superficial y un optimismo vacío. Por otro lado, Donald Trump encarna la energía oscura y destructiva de Oppenheimer, que ofrece una visión apocalíptica de un mundo al borde de la catástrofe, la tercera guerra mundial. Esta dicotomía, que el historiador Niall Ferguson denomina la «elección de Barbenheimer», plantea interrogantes cruciales sobre el rumbo de la democracia estadounidense.

La candidatura de Kamala Harris ha sido criticada por su falta de profundidad y sustancia, una campaña descrita como «vacía sin precedentes en la historia de la política estadounidense». Harris, según esta crítica, ha evitado la confrontación de ideas y ha preferido mantenerse en un espacio de confort para proyectar una imagen de alegría y optimismo, «joy», que, aunque atractiva para algunos, resulta insuficiente ante los desafíos complejos que enfrenta la nación americana. Esta estrategia, a la que Ferguson equipara con la estética plástica y fantasiosa de una casa de Barbie, podría alienar al electorado independiente e indeciso que buscan respuestas reales y liderazgo en tiempos de crisis.

En el extremo opuesto, la visión de Donald Trump evoca el sombrío legado de Oppenheimer y la amenaza de destrucción nuclear, se centra en los peligros globales que, según él, son más acuciantes que cualquier otra preocupación, incluido el cambio climático. En su reciente entrevista con Elon Musk, el expresidente reiteró su temor de que el mundo esté al borde de la tercera guerra nuclear, una amenaza que, en su opinión, ha sido subestimada. Esta narrativa, aunque alarmante, resuena con una parte del electorado que comparte sus miedos y su visión del mundo como un lugar cada vez más peligroso y caótico.

La comparación entre estas dos campañas revela no solo las diferencias en las visiones políticas de los candidatos, sino también en cómo cada uno percibe y maneja la realidad. Mientras Harris se presenta como una figura casi idealizada, evitando los problemas más espinosos, Trump no duda en confrontar los peores escenarios posibles, usando el miedo y la indignación como herramientas para movilizar a sus seguidores. Esta polarización extrema no es solo una cuestión de estilo; refleja las profundas divisiones en la sociedad estadounidense, en la que los votantes se ven obligados a elegir entre la evasión optimista y la confrontación con una realidad sombría.

Además de estas diferencias estilísticas y narrativas, la frustración del candidato republicano ante el tratamiento que recibe Kamala Harris por parte de los medios es palpable. Ha expresado su indignación por lo que percibe como un trato indulgente. Rechaza la imagen casi de princesa Disney que los medios han proyectado de ella en contraste con la de él, marcada por la controversia y la confrontación.

Según la reciente investigación del Media Research Center (MRC), la cobertura de Harris ha sido abrumadoramente positiva, con 84% de comentarios favorables en los noticieros vespertinos de ABC, CBS y NBC. El contraste con la cobertura abiertamente negativa de Donald Trump, que alcanzó 89% de comentarios desfavorables, subraya un problema persistente en el periodismo moderno: el sesgo mediático. El estudio también revela que la cobertura del compañero de fórmula de Harris, el gobernador Tim Walz, ha sido significativamente más positiva que la del senador republicano J. D. Vance. Mientras Walz recibió 62% de comentarios positivos, Vance obtuvo 92% de cobertura negativa.

Esta diferencia no solo exacerba la rivalidad entre los candidatos, sino que también subraya cómo la percepción mediática puede influir en la narrativa política, moldeando las opiniones del público y afectando la dinámica electoral a través de la posverdad.

La «Elección de Barbenheimer» es, en última instancia, un reflejo de las oscilaciones emocionales y políticas de Estados Unidos. Por un lado, una campaña que busca evadir las duras realidades con optimismo y superficialidad, y por otro, una que se deleita en las sombras de una posible catástrofe global. Esta dicotomía plantea una pregunta fundamental sobre la naturaleza de la política en la era moderna: ¿es preferible una política que tranquiliza y entretiene (espectáculo), aunque carezca de profundidad, o una que enfrenta brutalmente las realidades más duras, aunque a costa de sembrar miedo y desconfianza?

En resumen, la elección presidencial de 2024 en Estados Unidos no es solo una contienda entre candidatos, sino entre visiones radicalmente diferentes de lo que la política debería ser. La campaña de Kamala Harris, con un relato en la alegría y la superficialidad, contrasta fuertemente con la sombría y alarmista narrativa de Donald Trump. Esta polarización refleja las profundas divisiones en la sociedad estadounidense y plantea desafíos significativos para la democracia. Los votantes se enfrentan a una decisión difícil: optar por una visión que evite los problemas más duros en favor de un optimismo vacío, o por una que los enfrente con una cruda realidad, aunque sea a través de la lente del miedo. La elección entre «Barbie» y «Oppenheimer» no solo definirá el futuro político de Estados Unidos, sino que también revelará qué tipo de narrativa prevalecerá en una nación cada vez más polarizada.

🔴Más allá de las negociaciones, el rol de la comunidad internacional🔴

En un régimen totalitario, el miedo es una constante. Sin embargo, la respuesta que se tiene ante él define la esencia de la resistencia. En Venezuela, la sociedad ha aprendido a transformar el miedo en acción, mostrando una resiliencia que ha sido clave para mantener viva la lucha democrática. Luego del triunfo de Edmundo González Urrutia en las urnas el pasado 28 de julio, la represión ha alcanzado niveles sin precedentes, con más de 1.400 detenidos y más de 2 decenas de mu***os. Ahora ni siquiera es que sean aprehendidos en la calle por reclamar sus derechos; el desespero ha hecho que encapuchados y sin orden alguna vayan a las casas de los testigos electorales y los secuestren para tratar de acallar una verdad que los atormenta. Pues bien, sorprende que en lugar de replegarse, como sería lógico en un entorno tan hostil, los ciudadanos que aspiran a un cambio (70% del país) han plantado esta vez cara a los violentos y han actuado con inteligencia, con estrategias que han tomado a aquellos desprevenidos. ¿No tienen miedo los venezolanos? Claro que sí, pero no han permitido que los paralice.

Ante la nueva crisis presidencial que ha captado la atención internacional se vuelven a retomar las negociaciones para buscar una solución. Sin embargo, como en ocasiones anteriores, el optimismo que rodea estas conversaciones es cauteloso, y por buenas razones. La participación de los gobiernos de México, Brasil y Colombia, así como de Estados Unidos, ha sido clave en esta nueva negociación, pero los resultados concretos siguen siendo esquivos. Nicolás Maduro ha traicionado los acuerdos desde 2014, ganando tiempo para seguir en el poder.

Entonces, es esencial examinar el contexto y las dinámicas en juego para comprender por qué esta vez no se han logrado cambios significativos hasta ahora. Primero, la falta de independencia judicial en Venezuela ha sido un obstáculo insuperable. Informes de la ONU y la Corte Penal Internacional han documentado sistemáticamente la colusión entre jueces y fiscales. Lo que socava cualquier intento de resolver la crisis de legitimidad de origen mediante un dictamen de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Esta realidad plantea preguntas fundamentales sobre la efectividad de las negociaciones si el sistema judicial al que recurrió Maduro luego de haber sido proclamado ganador el 29 de julio en la madrugada está corrompido hasta la raíz.

Además, la comunidad internacional debe reconocer que, en esta oportunidad, la crisis en Venezuela no es simplemente un caso de fraude electoral, sino que tiene todas las características de un golpe de Estado a la soberanía popular. Esta distinción es crucial porque cambia el enfoque de la solución: no se trata solo de repetir elecciones bajo supervisión internacional o conformar un gobierno de coalición, como propuso el presidente de Brasil, Lula da Silva, sino de restaurar el orden democrático y constitucional en un país donde se ha concentrado todo el poder en manos de una banda criminal que ocupa Miraflores.

La Organización de Estados Americanos, aunque ha tenido un papel activo, enfrenta un desafío significativo dado que el régimen de Maduro ha rechazado su legitimidad. A pesar de ello, la OEA tiene una responsabilidad clara y legal de hacer cumplir la Carta Democrática Interamericana, un compromiso que va más allá de la mera pertenencia formal de un país a la organización. Este marco jurídico internacional impone obligaciones a todos los Estados miembros, y su incumplimiento no debe ser tolerado, independientemente de las maniobras diplomáticas del régimen venezolano.

La postura de países clave como Brasil y Colombia también debe ser reevaluada. Si bien han participado en las negociaciones, lo han hecho más como acompañantes que como verdaderos facilitadores. Esta postura pasiva podría tener consecuencias devastadoras, no solo para Venezuela sino también para la región, dado el potencial aumento de la migración masiva si la crisis política no se resuelve -más del 40% de los venezolanos piensa en emigrar, según la más reciente encuesta de Meganálisis-. Es imperativo que estos países comprendan que la estabilidad regional está en juego y que asumir un papel más activo en la defensa de la democracia en Venezuela no es solo un deber moral, sino también un interés estratégico.

Asimismo, la administración Biden-Harris debe recalibrar la política de sanciones. Ante la decisión de Maduro de mantenerse en el poder a costa de lo que sea, incluso derramamiento de sangre, las medidas deben ser aplicadas por las democracias de Occidente, a tenor de las que impusieron a Rusia cuando invadió a Ucrania, desde sacarlo del sistema SWIFT hasta suspender la compra de crudo de sangre. Las exportaciones de petróleo de Venezuela son insignificantes, en el suministro mundial equivalen a 0,7% y de las importaciones totales de Estados Unidos 2,6%; y en cuanto a la producción mundial corresponde el 0,8% y del total de Estados Unidos 6%. Pero para el régimen de Maduro las divisas por exportaciones son indispensables para mantener el aparato represivo y el control social de la población.

Otra acción fundamental que contribuye con la presión al régimen a aceptar los resultados del 28 de julio es que de una vez por todas el fiscal de Corte Penal Internacional emita órdenes de detención contra los responsables de los presuntos crímenes de lesa humanidad porque, con este ejemplo, las fuerzas armadas no obedecerían la orden de reprimir un pueblo sin armas que reclama la validez del triunfo de Edmundo González Urrutia.

Cabe destacar el papel de los militares en este contexto. El hecho de que permitieron la entrega de las actas electorales al cierre de las mesas sugiere que hubo desobediencia de los miembros del Plan República a la orden impartida por el CNE de retenerlas, lo que evidencia un quiebre en el apoyo militar a Maduro. Esto indica que hubo fisuras en el supuesto apoyo monolítico a Maduro esa noche y podría ser un indicio de que un importante sector castrense está del lado de la soberanía popular. Y la comunidad internacional debe estar atenta a estas señales para apoyar una transición pacífica y democrática en Venezuela.

Por otro lado, uno de los logros más significativos de este proceso electoral ha sido la superación de la polarización. La sociedad venezolana, que durante años estuvo dividida en partes más o menos iguales, ha encontrado un punto de unión en su deseo de libertad, 7 de cada 10 venezolanos. Este proceso es crucial para la reconstrucción de la democracia en Venezuela. La creación de un movimiento transversal, de abajo hacia arriba, que rechaza la humillación y se cohesiona en torno a valores universales como la dignidad humana y la igualdad ante la ley, ha sido clave para este logro.

La presión internacional, aunque necesaria, no es suficiente. Es crucial que la oposición mantenga una narrativa unificada y precisa. En el pasado, la diversidad de voces ha llevado a mensajes contradictorios, debilitando su capacidad para movilizar tanto a la comunidad internacional como a la población interna. Ahora, con un liderazgo cohesionado alrededor de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, existe una contra-narrativa poderosa que desafía la propaganda del régimen de Maduro y está movilizando tanto a los venezolanos como a los actores internacionales en la lucha por la restauración democrática.

En conclusión, la comunidad internacional se encuentra en una encrucijada crítica en su respuesta a la crisis venezolana que ha alcanzado un punto álgido, en el que las dinámicas internas y externas se entrelazan en un complejo entramado de legitimidad, resistencia y poder. Las negociaciones actuales, aunque necesarias, deben ir acompañadas de una comprensión profunda de las dinámicas internas del país y de un compromiso firme con la defensa de la democracia y los derechos humanos. Occidente debe asumir un papel más activo y decisivo, reconociendo que la crisis nacional no es solo un problema electoral, sino una manifestación en rechazo de un golpe de Estado a la soberanía popular, que requiere una respuesta integral y coordinada. La estabilidad de la democracia en la región y la dignidad del pueblo venezolano dependen de ello.

El futuro de Venezuela sigue siendo incierto. A pesar de las crecientes presiones, el régimen podría optar por aferrarse al poder con el apoyo de aliados internacionales, complicando aún más la situación y reduciendo las posibilidades de una transición ordenada y pacífica. La historia ha demostrado que los regímenes autoritarios, aunque aparentan ser invencibles, son vulnerables a las fracturas internas y a la presión externa cuando un pueblo toma la calle hasta que caiga la dictadura. La clave para una solución duradera en Venezuela radica en un enfoque multifacético que combine medidas diplomáticas, legales, económicas y, si es necesario, una amenaza creíble de uso legítimo de la fuerza.

Venezuela se encuentra en una encrucijada. No existen soluciones fáciles ni rápidas. La comunidad internacional y los actores democráticos dentro del país deben mantenerse firmes en su compromiso de restaurar la democracia y la justicia en el país, no solo como un objetivo ético y moral, sino como una necesidad imperiosa para la estabilidad regional y global.

En conclusión, la situación en Venezuela es el resultado de un prolongado proceso de descomposición institucional, en el que el régimen ha actuado más como una organización criminal que como un gobierno legítimo. A pesar de los enormes desafíos, la presión interna y externa, combinada con la posibilidad de fracturas dentro de las fuerzas armadas, sugiere que Maduro y sus cómplices no son invulnerables. La búsqueda de una solución pacífica y negociada, aunque ardua, sigue siendo la mejor opción para evitar un derramamiento de sangre, una mayor catástrofe humanitaria y restaurar la democracia en Venezuela. La comunidad internacional y la Plataforma Unitaria deben perseverar en sus esfuerzos, reconociendo que, aunque el camino de esta lucha exige paciencia y confianza en María Corina y Edmundo González Urrutia, es la única vía que puede conducir a una paz duradera y a la reconstrucción de un país que anhela cambio, reencuentro, libertad y democracia.

🔴Democracia y justicia ante el régimen criminal de Miraflores🔴

Las democracias modernas enfrentan un nuevo y amenazante desafío: la consolidación de autocracias que operan no como Estados, sino como corporaciones transnacionales mafiosas cuyo objetivo es destruir la democracia, tal como lo advierte Anne Applebaum en su más reciente libro: Autocracy, Inc. La situación en Venezuela es un ejemplo claro y desolador de esta realidad. En este país, otrora próspero, la democracia y la justicia han sido erosionadas de manera sistemática, sumiendo a la nación en una crisis que trasciende lo meramente económico para amenazar la estabilidad de las Américas: paz, seguridad y el entorno político, social y económico.

El conflicto venezolano, que ha perdurado por más de un cuarto de siglo, no es una mera lucha política. Se trata de un enfrentamiento entre una ciudadanía despojada de sus derechos fundamentales y una élite criminal que ha capturado el poder estatal. Este fenómeno no es fruto de un incidente aislado, sino la culminación de un proceso de acumulación de poder, sustentado en la corrupción, la violencia y el miedo, que ha llevado al país a convertirse en un «Estado mafioso». En este escenario, la soberanía popular ha sido pisoteada por quienes han jurado lealtad incondicional a una cúpula militar que, aun debilitada, sigue sosteniendo al régimen de Nicolás Maduro.

La corrupción ha penetrado tan profundamente en las estructuras del Estado que Maduro teme más a las organizaciones criminales que controlan la administración que a la justicia estadounidense. Este miedo es un reflejo del grado de descomposición que ha alcanzado el régimen. El control de Venezuela no es únicamente político; es también un vasto entramado que va desde las esferas del poder hasta actividades ilegales como el tráfico de dr**as, la trata de personas, el contrabando de combustible, el lavado de dinero, la corrupción y otros delitos. En este contexto, el sucesor de Chávez no actúa solo: su régimen ha tejido alianzas con regímenes extranjeros como Rusia, China e Irán, y con organizaciones terroristas como el ELN, Hezbolá y Hamás. Una red de complicidades que representa una amenaza para cualquier esfuerzo destinado a restaurar la democracia y el Estado de derecho en Venezuela.

El carácter del gobierno venezolano, secuestrado por la organización criminal, constituye un desafío monumental para la comunidad internacional y los actores democráticos dentro del país. Las ofertas de amnistía y exilio dorado para Maduro & Cía., presentadas por el presidente de Panamá y la administración estadounidense, buscan facilitar una transición ordenada y pacífica en Venezuela. Sin embargo, tales propuestas chocan con su capacidad de resistir la presión externa y mantenerse en el poder, incluso bajo sanciones a la petrolera estatal venezolana Pdvsa y la empresa estatal dedicada a la exploración, extracción y comercialización de oro y otros minerales preciosos, Minerven.

La permanencia de Maduro en Miraflores depende de la lealtad de su círculo cercano, lo que complica las posibilidades de una transición negociada. Para quienes aspiran a reincorporar a Venezuela en la economía global, el líder del PSUV representa un obstáculo, pues su régimen carece de legitimidad de origen tras haber dado un golpe de Estado a la soberanía popular mediante un fraude electoral. No obstante, una gran cantidad de los miembros del régimen enfrenta sanciones individuales y un aislamiento internacional que podría llevarlos a reconsiderar su apoyo a Maduro. La propuesta de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, que plantea ofrecer garantías y condiciones a la cúpula que ha detentado el poder durante la última década, junto con medidas judiciales y no judiciales para abordar las violaciones de derechos humanos, emerge como una vía para facilitar la transición hacia la democracia y la reconciliación nacional.

La presión sobre el régimen, tanto interna como externa, se ha intensificado considerablemente desde el 28 de julio. Aunque Maduro ha logrado superar crisis anteriores, como las de la Asamblea Nacional en 2015 y el gobierno interino en 2019, la situación actual es mucho más compleja. La mayoría de los venezolanos, agotados por la miseria y el autoritarismo, clama por la salida de la llamada «Banda de los Cinco»: Nicolás Maduro, Cilia Flores, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y Vladimir Padrino López. Así, la verdadera amenaza para la continuidad de este grupo en el poder no proviene únicamente de la oposición política, sino también de la fractura en la cúpula militar y de un sector económico que busca afianzar su control sin las restricciones propias de un sistema democrático.

En este contexto, es relevante considerar la posibilidad de una intervención militar como último recurso, respaldada por el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), ante la inestabilidad interna con repercusiones regionales. No obstante, dicha intervención debe contemplarse únicamente en situaciones extremas, siendo la presión diplomática y las sanciones de impacto rápido herramientas cruciales cuya efectividad reside en tener un objetivo concreto, como sancionar no solo a los individuos, sino también a sus familiares, y en una implementación coordinada por todos los gobiernos democráticos.

El futuro de Venezuela sigue siendo incierto. A pesar de las crecientes presiones, el régimen podría optar por aferrarse al poder con el apoyo de aliados internacionales, complicando aún más la situación y reduciendo las posibilidades de una transición ordenada y pacífica. La historia ha demostrado que los regímenes autoritarios, aunque aparentan ser invencibles, son vulnerables a las fracturas internas y a la presión externa cuando un pueblo toma la calle hasta que caiga la dictadura. La clave para una solución duradera en Venezuela radica en un enfoque multifacético que combine medidas diplomáticas, legales, económicas y, si es necesario, una amenaza creíble de uso legítimo de la fuerza.

Venezuela se encuentra en una encrucijada. No existen soluciones fáciles ni rápidas. La comunidad internacional y los actores democráticos dentro del país deben mantenerse firmes en su compromiso de restaurar la democracia y la justicia en el país, no solo como un objetivo ético y moral, sino como una necesidad imperiosa para la estabilidad regional y global.

En conclusión, la situación en Venezuela es el resultado de un prolongado proceso de descomposición institucional, en el que el régimen ha actuado más como una organización criminal que como un gobierno legítimo. A pesar de los enormes desafíos, la presión interna y externa, combinada con la posibilidad de fracturas dentro de las fuerzas armadas, sugiere que Maduro y sus cómplices no son invulnerables. La búsqueda de una solución pacífica y negociada, aunque ardua, sigue siendo la mejor opción para evitar un derramamiento de sangre, una mayor catástrofe humanitaria y restaurar la democracia en Venezuela. La comunidad internacional y la Plataforma Unitaria deben perseverar en sus esfuerzos, reconociendo que, aunque el camino de esta lucha exige paciencia y confianza en María Corina y Edmundo González Urrutia, es la única vía que puede conducir a una paz duradera y a la reconstrucción de un país que anhela cambio, reencuentro, libertad y democracia.

Enfrentar una organización criminal que ha capturado el poder en un país como Venezuela presenta uno de los desafíos más complejos y peligrosos que puede abordar la comunidad internacional. El régimen en Venezuela no solo ha erosionado las instituciones democráticas, sino que también ha consolidado su control mediante redes criminales y la represión sistemática de la oposición. Para contrarrestar esta situación, es necesario un enfoque multifacético que integre acciones diplomáticas, legales, económicas y, en algunos casos, encubiertas o militares.